Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que, desde su perspectiva, ella habría pedido una prórroga para poder finalizar el proceso de evaluación de las y los candidatos a la elección judicial, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó ya no hacerlo.
“Yo hubiera pedido a lo mejor una prórroga para que finalizara esto y al mismo tiempo hubiera clarificado lo que de todas maneras se puede subsumir o entender subsumida como una competencia de la Corte para poder intervenir en un caso como el que pasó”, aseguró en Aristegui En Vivo.
El pasado 27 de enero, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron a su cargo, pues acusaron que les era imposible culminar la tarea de evaluar los perfiles de las y los aspirantes a la elección judicial.
El comité paró sus funciones al recibir dos sentencias contradictorias: la de un juez de amparo que le obligaba a frenar la evaluación de candidatos y la del Tribunal Electoral para seguir adelante.
Por ese motivo decidió acudir ante la Suprema Corte para dirimir el conflicto de funciones. No obstante, ese mismo día el Tribunal Electoral ordenó al Senado culminar el trabajo de este comité, al argumentar que no estaba cumpliendo con sus funciones.
Como resultado, el Senado realizará una tómbola el 30 de enero para elegir a las y los aspirantes y se suspenderá el proceso de evaluación que estaba realizando el comité.
“Yo creo que todas las autoridades estaban preocupadas por los mejores perfiles, pero yo no comparto unos requisitos tan lactos. Lamento mucho la situación del Comité, que haya tenido que renunciar. Yo creo que hicieron un buen trabajo a pesar de una situación de un entorno tan adverso”, dijo Ríos Farjat.
La ministra expuso que presentó una propuesta, que fue rechazada, en la que proponía que la Escuela Federal de Formación Judicial fuera quien evaluara a las y los candidatos, lo que implicada un retraso en los plazos establecidos para este proceso.
Ríos argumentó que la decisión del TEPJF de ordenar la tómbola pone en riesgo la idoneidad de las y los aspirantes.
Lo anterior, porque la elección por insaculación se hará tomando como base la lista de aspirantes en la que el CEPJ evaluó solamente que éstos cumplieran con los requisitos legales, pero no se pronunció sobre la idoneidad, que correspondía a una segunda fase que ya no se llevó a cabo por la autodisolución del comité.
En entrevista con Aristegui En Vivo, la ministra aseguró que la reforma judicial contiene plazos cortos que no dejan margen de maniobra, además de que establece que los tres poderes de Gobierno, que se encuentran evaluando perfiles, deben contar con un comité.
“Bueno, pues esta reforma aprobada en septiembre contiene plazos muy cortos, muy preventorios y que, pues, no dejan de margen de maniobra, ni siquiera legítima justicia de amparo como tal, lo cual a mí me parece una cuestión sumamente delicada. Bueno, pues, había aquí la Constitución, el artículo 96 dice que los tres poderes del Estado tienen que contar con un comité de evaluación, cada uno para valorar las personas que representan con ellos. Entonces, el comité de evaluación de cada uno de estos poderes debía o tiene el deber de integrar a un Estado con las personas mejor evaluadas para que eventualmente se depure por medio de tomo”, aseveró.
Explicó que aunque su propuesta llegó, ya que el comité no existía, aún estaban los trabajos que inició en los que se encontraba evaluando los perfiles, por lo que ella recomendó que existiera una autoridad encomendada en retomar esos trabajos.
“Entonces, yo lo que propuse ante ya la existencia de la autoridad encomendada a llevar a cabo los trabajos es, pues, retomemos lo que dejó, que lo realice la escuela judicial, que lo pueda hacer rápido”, aseveró.
Explicó que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están evaluando a las personas candidatas a formar parte de la elección judicial, aunque consideró que este último es el que podría aplicar una valoración judicial profesional, ya que la evaluación judicial profesional no es la lógica de los otros dos poderes.
“Lo digo muy respetuosamente, el Ejecutivo y el Legislativo son dos poderes distintos, el que podía aplicar los dos poderes, el que podía aplicar una valoración judicial profesional, era Poder Judicial, esta evaluación judicial profesional”, aseveró.