La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) expuso los pormenores de la reforma al Poder Judicial presentada por el titular del Ejecutivo, y señaló que las modificaciones a la Constitución no resolverán “de ninguna manera la impunidad en el 99% de los delitos que se cometen en México”.
En un comunicado la MUCD apunta que la reforma presentada el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de mejorar el Poder Judicial, complejiza y compromete su actuar.
Asimismo apunta que la reforma los derechos de las víctimas de delitos, imponiendo nuevas barreras al acceso a la justicia, comprometiendo la independencia judicial, creando nuevos y costosos mecanismos de selección de perfiles, entorpeciendo la eficiencia en su actuar y, sobre todo, dejando intactas las causas estructurales de la impunidad en México
“Reiteramos que hasta ahora la iniciativa no cumple sus objetivos y afectará el derecho a la justicia de las y los mexicanos”.
Una de las principales promesas de la propuesta es que desaparecerá la impunidad y se garantizará justicia. Sin embargo, en México, del 100% de los delitos que se cometen, sólo 10% es denunciado a las Fiscalías y, de esos delitos denunciados, únicamente el 1% llegan al Poder Judicial, al ser presentados ante un juez.
De igual manera tampoco garantizará justicia a los pocos casos que sí lleguen al Poder Judicial. De hecho, hace el proceso menos eficiente: las elecciones de nuevos jueces podrían pausar, retrasar e incluso ¡reiniciar juicios desde cero! Esto pasaría en los casos de delitos federales como trata de personas, desaparición forzada, secuestro y corrupción. Los procesos podrían quedar atorados, desatendidos o sencillamente inválidos sin importar la etapa en que se encuentren, antes, durante y después de cada elección de jueces.
En el peor de los casos las víctimas corren el riesgo de tener que recomenzar sus juicios enteros porque el Sistema Penal Acusatorio establece que el mismo juez debe llevar y resolver un juicio de principio a fin, señala el documento.
Por otro lado, la reforma judicial va limitar todavía más la capacidad de la ciudadanía para defenderse con amparos ante leyes que violen sus derechos humanos y los de sus comunidades, porque propone prohibir constitucionalmente las suspensiones y sentencias con efectos generales.
Así que, si una persona logra ganar un amparo contra leyes violatorias a derechos humanos, no podrá beneficiar a la colectividad. Todavía peor: la prohibición de la suspensión con efectos generales se amplía también a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, apunta la organización.
Otro obstáculo para la ciudadanía surgirá de que la reforma no garantiza que las personas juezas, magistradas y ministras elegidas por voto popular realmente estén capacitadas para impartir justicia, pues elimina el requisito de contar con experiencia y preparación especializada a través de la carrera judicial. Lamentablemente, las elecciones abren el riesgo de que importe más el carisma o la popularidad política de quienes quieran ocupar un puesto dentro del Poder Judicial, que su experiencia, conocimientos y capacidad técnica.
Mientras que la ciudadanía que logre llevar sus casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también se verá afectada. Esto porque la reforma reducirá el número de integrantes de la Corte (de 11 a 9) y habrá menos ministros que elaboren proyectos. Además, eliminará las dos salas que existen actualmente, por lo que concentrará todos los asuntos en el Pleno, independientemente de su trascendencia. Para la Corte, la reforma significará rezago, acumulación y menos casos resueltos.
Otra alarmante afectación a las personas que buscan justicia surgirá a causa de la discrecionalidad que le darán al nuevo Tribunal Disciplinario del Poder Judicial cuyos criterios para sancionar y fiscalizar no son claros y se prestan a interpretaciones inciertas. Tal como está redactada la propuesta, el Tribunal podría castigar con sanciones -incluida la remoción- a las personas juezas, magistradas y ministras cuyos fallos no sean bien vistos por ese nuevo órgano; o bien, echar atrás fallos y resoluciones alcanzadas por las personas víctimas que han luchado por sus derechos.
Jueces por voto popular, ¿derrocará la corrupción?
La segunda gran promesa de la reforma es eliminar la corrupción y el alto gasto público que implica mantener al Poder Judicial. Para lograrlo propone la votación directa como un nuevo método de selección de personas juezas, magistradas y ministras.
Lamentablemente, no existe relación directa entre la disminución de la corrupción y la elección popular, de haberla, no existirían los conocidos y escandalosos actos de corrupción de nuestros representantes electos. Además la organización de estas nuevas elecciones supone un altísimo gasto y labor titánicos para el Estado, particularmente para los órganos electorales, señala México Unido Contra la Delincuencia.
La magnitud de este proceso sería tal, que pone en serias dudas la capacidad gubernamental de realizarlas debido a la ausencia de reglas claras, presupuesto suficiente, recursos materiales y personas capacitadas. Sólo en períodos ordinarios de elección, a nivel federal, se tendría que elegir entre 9,972 y 10,512 personas funcionarias del Poder Judicial, sin contar las elecciones locales. Organizar elecciones de este tamaño costará muchísimo presupuesto público, contrario a la promesa de ahorrar.
Respecto de las elecciones, la reforma abre espacios para la corrupción y prácticas antidemocráticas por parte de las y los candidatos pues al mismo tiempo que prohíbe cualquier financiamiento público y privado para hacer campañas, permite a las candidaturas ejecutarlas sin establecer qué tipo de recursos usar ni fiscalizar su uso y procedencia. Esto abre la puerta a la corrupción.
La propuesta tampoco establece un límite o prohibición para que una misma persona se postule o sea postulada para varios cargos con tal de que lo ocupe.
Además, la propuesta golpea el escaso avance que ha habido en materia de paridad de género en el Poder Judicial, pues no garantiza la elección paritaria de mujeres y representación de poblaciones vulnerables, al tiempo que abre mayores posibilidades al Ejecutivo Federal para que sus propuestas de perfiles primen en las elecciones u ocupen los lugares vacantes sin elección popular.
El Poder Legislativo no debe aprobar esta Reforma al vapor, pues se trata de un rediseño institucional que no atiende las causas estructurales de la injusticia y complejiza el actuar del Poder Judicial.
Por último, MUCD urgió a los legisladores a atender los temas de fondo, los aspectos que sí lastiman la dignidad de miles de personas que buscan justicia, como la sobrecarga de trabajo en juzgados y tribunales; la insuficiencia presupuestal y la poca planeación estratégica para el uso eficiente de éstos; la poca o nula inversión en la infraestructura; la falta de personal altamente calificado y profesionalizado; la baja capacidad técnica para implementar reformas constitucionales; la terrible lentitud y burocratización de los procesos; los altos costos para acceder a la justicia para la ciudadanía; la falta de transparencia y la ausencia de sanciones que combatan la corrupción; así como el fortalecimiento de los poderes judiciales locales.