Una jueza federal ordenó transparentar por completo la investigación seguida contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, dentro de la Causa Penal 325/2025, ya que su equipo legal denunció que la Fiscalía General de la República no les había dado acceso para preparar su defensa.
El vicealmirante y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, son señalados como dos figuras clave del llamado huachicol fiscal que presuntamente operó con protección de la Secretaría de Marina.
Manuel Roberto Farías Lagunas y nueve funcionarios más ya fueron vinculados a proceso por su implicación en la red de contrabando de combustible, con cargos por delincuencia organizada con fines de realizar delitos relacionados con hidrocarburos.
Con la resolución que les da acceso a la carpeta, el despacho Mendieta y Asociados afirmó se “pone límite a la discrecionalidad del Ministerio Público y obliga a entregar la carpeta completa del caso, integrada hasta hoy por 20 tomos”.
Los abogados defensores denunciaron ante la jueza de control Mariana Vieyra Valdez que el Ministerio Público entregó información incompleta y con documentos testados, además de negar el acceso a la carpeta original, lo que según su punto de vista restringe de manera indebida el derecho de defensa y el conocimiento pleno de las técnicas de investigación.
La jueza concluyó que la carpeta de investigación no puede seguir oculta a la defensa, ni la Fiscalía puede decidir unilateralmente qué información mostrar y cuál esconder, según el comunicado de Mendieta y Asociados.
Con esta resolución, la Fiscalía deberá entregar los 20 tomos completos de la investigación y los abogados podrán revisar directamente la carpeta sin ningún tipo de documento testado.
Defensa de sus derechos laborales
Previamente, el despacho de abogados había defendido que los marinos tienen derecho a recibir su pago y prestaciones sociales, hasta que se determine una sentencia que los encuentre culpables de algún delito.
Los abogados afirman que se trata de militares de carrera pertenecientes a la milicia permanente, formados durante décadas para el servicio profesional y continuo del Estado mexicano. Por la naturaleza de dicha condición, su situación jurídica no puede equipararse a la de un empleo ordinario ni resolverse mediante decisiones anticipadas.
Solicitaron que se respete la presunción de inocencia, en el ámbito penal pero también administrativo.
Según los abogados, el objetivo de la Marina es dar de baja a los marinos sin tener una sentencia firme, lo que intentarán evitar mediante juicios de amparo, apunta una nota de Proceso. Una nota de La Jornada dice que ambos elementos ya fueron dados de baja de la institución mediante un proceso administrativo.