Monterrey.- Luego de que el Congreso local aprobara reformas a la Ley de Movilidad para incluir tarifas sociales en el transporte público, el Gobierno del Estado envió nuevamente un veto al decreto, pese a que ya no estaría constitucionalmente facultado para hacerlo tras haberse superado el primero.
El nuevo documento fue entregado este martes a las 14:30 horas en la Oficialía de Partes del recinto legislativo por Mauricio Treviño, integrante de la Consejería Jurídica del Gobernador.
En él se argumenta que las tarifas preferenciales representan un impacto presupuestal que no fue debidamente previsto y que las medidas aprobadas están “fuera de la realidad financiera” del Estado.
El pasado 11 de febrero, el Congreso había superado el veto emitido previamente por el Ejecutivo a las reformas avaladas desde noviembre y volvió a aprobarlas con 33 votos a favor. Entre los cambios se contemplan tarifas preferenciales para grupos vulnerables, descuentos por multiviajes y una tarifa única que permita transbordos ilimitados durante el día.
Tras esa votación, el decreto fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado; sin embargo, en lugar de proceder con la promulgación, el Gobierno estatal insistió en enviar un nuevo veto.
La acción ha generado cuestionamientos sobre su legalidad, ya que, de acuerdo con el procedimiento legislativo, una vez superado el veto y reenviado el decreto, el Ejecutivo estaría obligado a publicarlo para su entrada en vigor.
Cabe recordar que el 3 de noviembre el gobernador Samuel García vetó el Decreto 147, validado por el Congreso el 22 de octubre, que establecía descuentos en el servicio público para sectores vulnerables.
En ese documento, recibido a las 13:25 horas en la Oficialía de Partes, el Ejecutivo argumentó que las reformas contravenían los artículos 1 y 16 de la Ley de Disciplina Financiera, al no incluir una estimación formal del impacto presupuestal.
El Gobierno estatal sostuvo que la implementación de las tarifas implicaría un aumento en el gasto sin contar con una fuente de financiamiento que lo respaldara y que, además, el Estado ya dispone de esquemas de subsidio y apoyos económicos, por lo que consideró las medidas aprobadas por el Congreso como “redundantes”.