Monterrey.- Desde el Congreso local, diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en que el caso de la vinculación a proceso de Karina “N”, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Municipio de Monterrey, debe dirimirse en los tribunales y no trasladarse a la confrontación partidista, al tiempo que llamaron a respetar el debido proceso y la autonomía de las instituciones de justicia.
La priista fue detenida el domingo por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones tras una denuncia realizada por el senador morenista, Waldo Fernández. Y el lunes, un juez federal le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece internada en un penal del Estado.
La diputada del PRI, Lorena de la Garza, subrayó que se trata de una investigación en curso y advirtió que cualquier posicionamiento podría afectar a alguna de las partes involucradas, por lo que pidió prudencia.
“Tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho y del principio de presunción de inocencia. Sabemos que públicamente solo se conoce una parte de la historia, pero será la autoridad quien determine lo conducente”, expresó.
Ante versiones que apuntan a posibles tintes partidistas o a un trasfondo electoral que involucraría a actores como el senador Waldo Fernández, la priista evitó emitir juicios y reiteró que corresponde únicamente a las instancias judiciales esclarecer los hechos.
Desde Morena, la diputada Grecia Benavides manifestó el respaldo de su bancada al senador y rechazó que el caso deba partidizarse. Aclaró que, según su postura, el legislador no denunció directamente a la funcionaria, sino que la imputación deriva de una investigación en curso cuya definición corresponderá al juez.
“Las instituciones de procuración de justicia deben estar al servicio de la gente, no de intereses facciosos ni de contiendas electorales”, señaló, al tiempo que consideró necesario fortalecer a las fiscalías para evitar vacíos o debilitamientos institucionales.
En tanto, la bancada del PAN sostuvo que, si existen señalamientos contra funcionarios de la Fiscalía por presunta inacción o interferencia, estos deben presentarse formalmente ante las autoridades competentes para que se investiguen a fondo.
Los legisladores panistas indicaron que será la autoridad federal, a través del Ministerio Público y el juez correspondiente, la que determine si existen pruebas suficientes y si hubo o no irregularidades en el proceso.
Postura del PRI ante el caso de Karina ‘N’
El PRI denunció que el proceso judicial que enfrenta Karina «N» forma parte de una persecución política orquestada desde el poder con miras al proceso electoral de 2027.
A través de un comunicado, el partido acusó que gobiernos emanados de Morena, en alianza con Movimiento Ciudadano, estarían utilizando las instituciones para intentar debilitar a la oposición en Nuevo León.
En el posicionamiento, el PRI sostuvo que se pretende convertir un proceso judicial en un “arma política” y advirtió que la presunción de inocencia es un derecho constitucional que debe respetarse.
Además, señaló que las filtraciones y la narrativa pública en torno al caso reflejan, a su juicio, una intención de dañar antes de que exista una resolución judicial.
El partido aseguró que no permitirá que la justicia se utilice como herramienta de intimidación y anunció que llevará el caso a instancias nacionales e internacionales si es necesario.
Finalmente, reiteró su respaldo a Karina «N» y afirmó que la acompañará durante todo el proceso legal.