La iniciativa para expedir la Ley de las Personas Trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México, presentada por quien suscribe y abrazada por el Grupo Parlamentario de Morena, surge como un parteaguas en la relación entre el gobierno capitalino y sus servidoras y servidores públicos. Lejos de ser una modificación administrativa menor, esta propuesta legislativa representa un avance sustancial hacia la consolidación de un modelo de gobierno humanista y justo. Argumentar a favor de esta iniciativa implica reconocer su triple dimensión positiva: garantiza justicia procesal mediante un órgano especializado, estabiliza la relación laboral frente a los cambios políticos y fortalece la democracia sindical.
El aspecto medular y más innovador de la propuesta es la creación de un Tribunal Burocrático de carácter tripartita. Como se detalla en la exposición de motivos, este tribunal estaría integrado por representantes del gobierno, de las personas trabajadoras y del Congreso local, asegurando un equilibrio institucional y una visión plural en la resolución de controversias. Actualmente, los conflictos laborales entre la burocracia y el Estado pueden quedar atrapados en largos procesos administrativos o en instancias judiciales saturadas. Al establecer un tribunal especializado que opere bajo principios de oralidad, concentración y celeridad, se garantiza un acceso efectivo a la justicia. Esto significa que una trabajadora o trabajador no tendrá que esperar años para que se le restituya un derecho violado, sino que contará con un proceso claro, sencillo y protegido por el debido proceso. La capacidad de este tribunal para ejecutar sus resoluciones mediante órdenes de pago o medidas de apremio le otorga la fuerza necesaria para que la justicia no se quede en una declaración formal, sino que se materialice en la vida de las personas.
En segundo lugar, la iniciativa aborda una de las principales fuentes de incertidumbre para el empleado público: la vulnerabilidad ante los cambios de administración. Históricamente, la llegada de un nuevo gobierno ha traído consigo no solo cambios en las políticas públicas, sino también una reconfiguración de las bases laborales, generando despidos injustificados o la modificación discrecional de condiciones de trabajo. He sido enfático en que esta ley busca erradicar esas prácticas, proporcionando certeza y estabilidad a quienes sostienen el funcionamiento del gobierno, a menudo desde el anonimato. Esta seguridad jurídica es un reconocimiento a la profesionalización del servicio público. Una persona trabajadora que sabe que su empleo y sus derechos están protegidos por un marco legal robusto puede desempeñar sus funciones con mayor lealtad institucional y eficiencia, blindando así la operación de los servicios públicos esenciales que se brindan en alcaldías, dependencias y entidades. Esto abarca derechos adquiridos, aquellos ganados por las y los trabajadores a través de años de lucha y establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo y/o contratos colectivos de trabajo.
Y como tercer punto, la propuesta rescata y fortalece la vida democrática al interior de las instituciones al garantizar la libertad sindical y el derecho de las y los trabajadores a elegir a sus dirigencias mediante procesos transparentes de voto libre y secreto. Durante décadas, el sindicalismo en México enfrentó prácticas de corporativismo y falta de democracia interna. Al poner al centro la voluntad de la base trabajadora para elegir a sus representantes, nuestra iniciativa no solo se alinea con los principios de la reforma laboral de 2019, sino que asegura que la interlocución ante el Estado sea auténtica y profesional. Esto es fundamental para construir un diálogo social sano, donde las demandas colectivas sean canalizadas a través de liderazgos legítimos y no de intereses ajenos a la clase trabajadora.
La Ley de las Personas Trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México es una apuesta por la coherencia: si se exige profesionalismo a las y los servidores públicos, el Estado debe ser el primero en dar el ejemplo como empleador responsable. Al garantizar justicia pronta con un tribunal especializado, brindar estabilidad frente a la incertidumbre política y democratizar la vida sindical, esta iniciativa no solo protege a las y los trabajadores del servicio público, sino que fortalece a las propias instituciones. Porque gobernar es ampliar derechos y dignificar a quienes, con su labor diaria, hacen posible que la Ciudad de México funcione y que la transformación avance.