Monterrey.- Con el objetivo de evitar que los juicios por incumplimiento de pensión alimenticia se prolonguen hasta por siete años, la diputada del PAN, Claudia Caballero, presentó este jueves una iniciativa para reformar el artículo 280 del Código Penal de Nuevo León.
Acompañada por el abogado Patricio Martínez Brito, la legisladora explicó que actualmente las madres o padres que buscan hacer efectivo el pago de alimentos enfrentan un proceso legal complejo que duplica trámites entre los juzgados familiares y penales, lo que termina por revictimizar a los menores y desgastar a las familias.
Según detalló, el problema radica en que, aunque un juez familiar emita una sentencia que obliga al pago de pensión, si el deudor incumple la parte afectada no puede acudir de inmediato a la vía penal.
El sistema actual obliga primero a promover un juicio de ejecución de alimentos para determinar la cuantía exacta de la deuda y posteriormente esperar la resolución de amparos y revisiones, procedimientos que pueden extenderse entre dos y tres años adicionales.
Solo después de ese proceso se puede iniciar la acción penal, lo que en la práctica puede alargar los casos hasta seis o siete años.
“Hoy el sistema es como si alguien corriera una carrera y al final le dijeran que la tiene que correr otra vez al revés para recibir la medalla. Eso pasa con quienes buscan cobrar la pensión alimenticia”, señaló.
De acuerdo con la propuesta, si el deudor no cumple con el pago dentro de los 30 días posteriores a que se establezca la pensión, la parte afectada podría iniciar directamente un proceso penal por incumplimiento.
La diputada panista subrayó que el propósito principal de la reforma no es encarcelar a los deudores, sino garantizar que los menores reciban oportunamente los recursos para su manutención, al tratarse de un derecho protegido por el artículo cuarto constitucional.
Según datos presentados durante la iniciativa, en Nuevo León se registraron 604 carpetas de investigación por incumplimiento de pensión alimenticia entre enero y septiembre de 2025.
Caballero adelantó que la propuesta requerirá mesas de trabajo con especialistas, ya que implica coordinación entre el ámbito familiar y penal, pero insistió en que la intención es fortalecer las herramientas legales para obligar al cumplimiento de la pensión y evitar que los deudores evadan su responsabilidad.