El nuevo factor determinante ya no solo depende de las leyes: hay una coyuntura intangible y más poderosa de por medio, la narrativa política, que genera un fenómeno que redefine el riesgo país: la certidumbre selectiva.
La economía mexicana empezó a moverse en dos planos simultáneos: uno es el formal —tratados comerciales, indicadores macroeconómicos, oportunidades como el nearshoring—. El otro es mucho menos visible, pero cada vez más influyente: la construcción del relato desde el poder. Desde el análisis, la complejidad se observa en el argumento de que la existencia de las reglas no obedece a principios, sino a criterios de aplicación que no tienen un carácter uniforme.
Hay sectores donde la inversión fluye con claridad, donde las señales del gobierno son consistentes y el acompañamiento institucional es evidente. Pero hay otros donde las decisiones parecen depender menos del marco legal y más del contexto político del momento, o incluso de la cercanía con el poder. En ese entorno, el inversionista ya no solo tiene que analizar balances, tasas o mercados; ahora también tiene que leer discursos e interpretar su contenido y mensajes para decodificar las señales. Porque en la narrativa, lo que se dice, cómo se dice y contra quién se dice se ha convertido en una variable económica. Una señal desde el poder puede alterar percepciones de riesgo.
Los cambios en el sentido de los discursos pueden frenar o alentar decisiones de inversión; una etiqueta política puede redefinir por completo el futuro de un sector entero. No es un fenómeno exclusivo de México, pero aquí adquiere una particular intensidad: la economía ya no solo se regula, también se comunica estratégicamente. Eso conlleva otros aspectos, porque el problema es que esa narrativa no siempre es estable. Cuando se vuelve un instrumento de poder, la incertidumbre deja de ser jurídica y se vuelve interpretativa. Esto implica un cambio profundo: el inversionista debe valorar que el riesgo no está únicamente en lo que dice la ley, sino en cómo puede ser interpretada en un contexto político determinado.
Esto genera un efecto silencioso, pero muy profundo: las decisiones económicas se vuelven más cautelosas, más selectivas y más dependientes de factores no cuantificables. En una reconfiguración de esta magnitud, el capital se adapta; en este caso, en la búsqueda de espacios donde la narrativa y la política no representen una amenaza, a través de la obtención de garantías en las que el discurso oficial acompañe al negocio, no que lo contradiga.
Sin embargo, no todos los empresarios pueden acceder a esas ventajas: son pocos quienes logran una relación de cercanía, comunicación y acuerdo a los más altos niveles. Dentro de ese círculo rojo están quienes representan sectores estratégicos o de carácter transnacional y, por ende, cuentan con una suerte de escudo; también aquellos que han logrado una relación de confianza personal suficiente para salvaguardar sus intereses.
Pero, aun así, no son ajenos —como la gran mayoría— a los vaivenes que implican los preceptos ideológicos que mueven al poder, como se ha visto en la nueva conformación del Poder Judicial. Es un claro ejemplo de cómo, por el efecto de ideas preconcebidas y mal entendidas, se corre el riesgo de fallos que, independientemente de su legalidad, atenten contra la empresa por valoraciones distorsionadas de la realidad.
Ahora, los dueños del capital no solo tienen que contar con equipos especializados en torno suyo —expertos en finanzas y mercados—, sino también en análisis político y relaciones públicas gubernamentales.