Cuando las infancias y las adolescencias dependen de entornos que deberían garantizar su protección desde los núcleos familiares hasta los ámbitos escolares y, por supuesto, sociales, la desaparición de niñas, niños y adolescentes se convierte en una alerta que llama a la necesidad de conocer los contextos en los cuales desaparecen.
En Jalisco, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas del Gobierno de México (RNPDO) da cuenta de que, desde que se tienen datos de las desapariciones en México y hasta la fecha, se han iniciado tres mil 997 investigaciones por la desaparición de niñas, niños y menores de edad en general de los cero a los 17 años.
De ellas y ellos, hoy en día permanecen sin ser localizados 768, es decir, poco más del 19%. Aunque el registro refiere que el 80.79% del total ha sido localizado, por lo menos 96 se han hallado sin vida.
El registro nacional no permite identificar la situación de las desapariciones por grupos de edad. Sin embargo, según las cifras de Víctor Manuel González Romero, a partir de análisis hechos al Registro Estatal de Personas Desaparecidas, hay por lo menos 317 niñas, niños y adolescentes, menores de 14 años, con investigaciones activas por su desaparición, de los cuales la mayoría (183) tienen entre 10 a 14 años, seguido por el grupo etario de entre los 0 y los 4 años de edad (77 casos).
En el caso de Jalisco hay situaciones particulares que explican la desaparición de menores de edad siendo principalmente dos los factores principales: la violencia vicaria y el reclutamiento forzado de menores.
Aunque el director de Investigación de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Javier Becerra, coincidió con estas dos clases de desaparición como de las principales causas de este delito en la Entidad (que no deja de lado a la ausencia voluntaria), refirió no contar con una estadística que pueda referenciar los porcentajes en cuanto a cada tipo de caso. Sin embargo, señaló, “sí hay un número importante de menores que desaparecen por temas de sustracción familiar”.
Martha Catalina Pérez González, Profesora del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), refirió que la violencia vicaria se explica como el acto de un padre o una madre para coersionar a hijas o hijos a fin de que la violencia se desplace a la pareja.
«Lamentablemente, cuando en la mayoría de los casos la violencia vicaria se da entre la pareja, entre los vínculos más cercanos de la familia, se convierte en una manipulación emocional que puede llevar al menor o la menor a introyectar este tipo de mensajes, en la madre o el padre, en estos procesos de violencia post separación, generalmente, tratan de hacer desmerecer ante los ojos de los hijos a la otra parte de la pareja».
En estos casos, hay quienes consideran que un menor o una menor no están desaparecidos, por encontrarse con la madre o el padre, desmereciendo la importancia de la rápida localización.
Sin embargo, explicó Martha Catalina Pérez, no se debe desacreditar la urgencia de localizarlos. Lo anterior, debido a que, tal como se señala en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, además de que, en Jalisco, desde agosto de 2022 el Congreso de Jalisco aprobó el tipificar la Violencia Vicaria como delito (aunque con enfoque de género), definido como «los daños físicos o psicológicos que la persona agresora ejerce con la finalidad de perpetrar un daño a alguien con quien mantiene o ha mantenido una relación y con la que tiene hijas o hijos en común».
Es así como, cuando se ejerce violencia vicaria sustrayendo a un menor de su entorno familiar, la acción se considera parte de un ilícito que debe resolverse conforme a la legislación, y ante lo cual es válida la emisión de cédulas de búsqueda, bajo los protocolos aplicables, para su localización inmediata, y dependiendo también de quién tiene el derecho legal sobre el menor y en qué condiciones lo ejerce.
Por otra parte, está la desaparición de menores de edad, quienes, se ha identificado en la entidad, por parte de especialistas y por las mismas autoridades, se relacionan principalmente con fines de reclutamiento forzado.
Por ejemplo, Jorge Ramírez Plascencia, ha señalado que desde hace un par de años ha incrementado el número de menores de edad, principalmente entre los 15 y los 17 años, quienes con engaños son reclutados por el crimen organizado para fines diversos, que pueden ir desde actividades de halconeo hasta sicariato.
«Los perpetradores de estas atrocidades son cada vez más jóvenes. Muchos de ellos provienen de las colonias marginadas y violentas de la periferia de la ciudad de Guadalajara; los reclutan y entrenan a la vez como niños sicarios y carniceros despiadados», refirió, por ejemplo, en una de sus publicaciones más recientes.
La estadística coincide con lo publicado por este medio de comunicación en diciembre pasado, cuando se reveló que en un año las autoridades estatales, en coordinación de las policías municipales y la Guardia Nacional, se había evitado que 45 adolescentes fueran privadas de la libertad por reclutadores. El menor más joven de estos rescatados tenía apenas 13 años, lo que subraya la gravedad del fenómeno.
Uno de los casos más recientes donde se logró rescatar a dos menores de alrededor de 15 años de edad fueron rescatados en la Central Camionera de Zapopan de ser reclutados por el crimen organizado para sumarse a sus filas. De acuerdo con lo referido por la Policía Estatal que colaboró en su rescate y resguardo, ambos menores habían sido reclutados por la plataforma de la red social “TikTok”, donde los criminales del otro lado de la pantalla les ofrecían 20 mil pesos semanales.
Los dos eran amigos de la infancia, uno del municipio de Zapotlanejo y otro de Tonalá. Tras ver la oferta en la plataforma se pusieron de acuerdo para aceptar el supuesto “empleo” que, sabían, era ofrecido por el crimen organizado, aunque no se les dijo exactamente qué iban a hacer, pero decidieron intentarlo, hasta que uno de ellos se arrepintió y alertó a su madre de lo sucedido, quien a su vez generó el reporte de su privación ilegal de la libertad a las autoridades de Jalisco, iniciando el protocolo correspondiente para su búsqueda y localización.
En este sentido en particular, las autoridades de Jalisco, a través de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco, han insistió en la importancia de que madres, padres de familia y personas tutoras, tengan la cercanía con sus menores, adolescentes y jóvenes, para saber qué es lo que están viendo, con qué personas son con quienes hablan y sobre qué, así como el tipo de contenido que consumen.
En voz de la titular de esta Vicefiscalía, Blanca Trujillo Cuevas, también se insistió en la importancia del diálogo con las y los menores, en busca de erradicar la idea de que la vida en el crimen organizado es aspiracional y real, sino del riesgo permanente de perder la vida.
Desde el gobierno de Jalisco, recordó Trujillo Cuevas, se mantiene la campaña de prevención “No es lo que parece”, estrategia mediante la cual se busca alertar a la población, especialmente a jóvenes de entre 14 y 17 años, sobre ofertas laborales falsas que prometen sueldos elevados y resultan en la privación de la libertad y la obligatoriedad de cometer delitos.
La misma es compartida no solo mediante redes sociales, sino también es llevada a las escuelas a través de distintos cursos de concientización sobre la situación que se vive en Jalisco y en México en este sentido.
Alerta Amber: Solo se emite si las circunstancias lo permiten
Cuando desaparece un o una menor de edad, es obligación de las autoridades es establecer de inmediato los mecanismos de búsqueda para dar con su paradero, según lo establecen el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
A su vez, las legislaciones consideran la emisión de una Alerta Amber, un mecanismo de búsqueda urgente para localizar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuando existe un riesgo real para su integridad. Sin embargo, existen diversas cuestiones que deben analizarse para determinar si esta se activa o no, considerando puntos como el que solo aplica para menores de edad “en riesgo inminente” y si existe información suficiente para proceder a la búsqueda.
En este sentido, y considerando los distintos factores que en Jalisco influyen en la desaparición de menores, explicó el director de Investigación de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, es que antes de activar este protocolo en Jalisco, cuando desaparece un menor de edad, se analizan distintas cuestiones para verificar que es viable activar el protocolo de Alerta Amber.
“Cuando se da el caso de una desaparición a cada uno se le da un tratamiento. Es decir, cualquier caso lo revisamos, ya sea que se trate de una sustracción, o si hay algún otro tipo de delito. En cualquiera de los casos se la desaparición nos cercioramos de que se trabaje por medio del área correspondiente”, señaló el director, refiriendo que justo en la mayoría de los casos donde se presume la sustracción familiar se emite esta alerta.
En el caso de los casos de los menores de 18 años, en los que se presume existe el riesgo de que la o el menor fue víctima de reclutamiento forzado, se analizan los factores de riesgo en los cuales podría encontrarse el o la menor, “y de una manera colegiada se revisa si opera o no el alertamiento Amber, porque se tiene que analizar si le perjudica o beneficia a la o el menor víctima”.
En cualquiera de los casos, consideró Martha Catalina Pérez González, profesora del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, no debe desestimarse el caso desde lo social, pues de cualquier forma se trata de delitos que vulneran a las infancias y ponen en riesgo no solo su vida, sino la forma en la que se los hechos impactan en su desarrollo.
Sociedad e instituciones, claves para proteger a las infancias frente a la violencia
La protección de niñas, niños y adolescentes frente a contextos de violencia exige una respuesta que trascienda el ámbito familiar y se construya desde la corresponsabilidad social, consideró Martha Catalina Pérez González, profesora del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Explicó que para poder comprender los impactos de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, el abordaje de estas problemáticas apunta a la necesidad de analizar sus múltiples causas y de articular esfuerzos entre distintos sectores, con el fin de generar entornos más seguros y prevenir la reproducción de conductas violentas.
“Claro. Por ejemplo, una forma de sumarnos a proteger a las infancias y adolescencias es apropiándonos de estas injusticias, apropiándonos de la problemática, investigando de ella. La idea, desde la academia que nosotros, como docentes y parte de la Universidad de Guadalajara tenemos, pues es siempre analizar la problemática, ver todos los factores que están involucrados, estar en concordancia con diferentes entes sociales, el gobierno, la comunidad, pues todas las instituciones, seguridad, etcétera, que pudieran estar de la mano para poder, desde sus trincheras, hacer un cambio”, señaló.
Lo anterior, dijo, implica que la atención a la violencia debe abordarse desde distintos niveles, en donde tanto las instituciones como la ciudadanía asuman un rol activo. En el plano estructural, se requiere fortalecer la coordinación entre autoridades, organismos de seguridad y espacios educativos; mientras que, en el entorno cercano, las acciones cotidianas pueden incidir en la formación de entornos críticos y con valores que inhiban la normalización de la violencia.
“Lamentablemente, creo que nos ha ganado este este problema. La seguridad pública, el tener un atisbo de este tipo de problemáticas, a veces es, pues, ver qué podemos hacer en lo micro con nuestra familia, con crear entes que puedan ser críticos, que puedan tener un bagaje, moral, en donde no se desarrollen fácilmente acciones delincuenciales, y que podamos ir haciendo cambios paulatinos hacia una vida libre de violencia para las mujeres, para los niños, niñas y adolescentes, pero también para la gente adulta mayor, en diferentes momentos y lugares que poco a poco creemos que estamos haciendo algo, aunque no se ve todavía el impacto y el que cedan este tipo de organizaciones”, explicó.
Por último, dijo, bajo esta perspectiva, la construcción de una cultura de prevención se sostiene tanto en la intervención institucional como en la transformación de las dinámicas sociales más próximas. Si bien los resultados no son inmediatos, la suma de acciones desde distintos frentes permite avanzar gradualmente hacia la contención de la violencia y la protección efectiva de las infancias, finalizó la especialista.