Las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos configuran “una bomba casi atómica” que revela la profundidad del problema del narcotráfico en México, afirmó el exgobernador sinaloense Francisco Labastida Ochoa, quien advirtió que el caso representa apenas “la punta del iceberg” de una red más amplia de complicidades.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Labastida señaló que, de acuerdo con Naciones Unidas, los cárteles mexicanos son actualmente los más relevantes del mundo y “están exportando doce veces más droga que la que exporta Colombia”, además de tener presencia en más de 50 países.
A esto se suma el nivel de violencia: de las 25 ciudades más peligrosas del planeta, 12 se encuentran en México, y “la número uno es Culiacán”. En este contexto, sostuvo que el país enfrenta “un grave y profundo y doloroso problema” con impactos en la seguridad, la economía y el empleo.
Al referirse específicamente al caso de Rocha Moya, el exmandatario recordó que durante la elección a la gubernatura de Sinaloa en 2021 se vivió un escenario de intervención del crimen organizado.
Se refirió al llamado que hizo el actual diputado y entonces candidato del PRI, Mario Zamora, para que liberaran a personas cercanas a su equipo que habían sido secuestradas, y describió la operación de grupos armados durante la jornada electoral. Según Labastida, caravanas de vehículos con hombres armados se detenían en retenes de fuerzas de seguridad y entregaban dinero. Una circunstancia que, afirmó, favoreció el resultado electoral.
El también excandidato presidencial señaló que estos hechos debieron haber detonado investigaciones desde ese momento. Cuestionó por qué no ocurrió y planteó una explicación: “Yo creo que porque están coludidos”. Según expuso, esta colusión implica un intercambio de beneficios entre autoridades y grupos criminales, donde “los narcos les han dado dinero y a los narcos les han dado prebendas”.
Las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos configuran “una bomba casi atómica” que revela la profundidad del problema del narcotráfico en México, afirmó el exgobernador sinaloense Francisco Labastida Ochoa, quien advirtió que el caso representa apenas “la punta del iceberg” de una red más amplia de complicidades.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Labastida señaló que, de acuerdo con Naciones Unidas, los cárteles mexicanos son actualmente los más relevantes del mundo y “están exportando doce veces más droga que la que exporta Colombia”, además de tener presencia en más de 50 países.
A esto se suma el nivel de violencia: de las 25 ciudades más peligrosas del planeta, 12 se encuentran en México, y “la número uno es Culiacán”. En este contexto, sostuvo que el país enfrenta “un grave y profundo y doloroso problema” con impactos en la seguridad, la economía y el empleo.
Al referirse específicamente al caso de Rocha Moya, el exmandatario recordó que durante la elección a la gubernatura de Sinaloa en 2021 se vivió un escenario de intervención del crimen organizado.
Se refirió al llamado que hizo el actual diputado y entonces candidato del PRI, Mario Zamora, para que liberaran a personas cercanas a su equipo que habían sido secuestradas, y describió la operación de grupos armados durante la jornada electoral. Según Labastida, caravanas de vehículos con hombres armados se detenían en retenes de fuerzas de seguridad y entregaban dinero. Una circunstancia que, afirmó, favoreció el resultado electoral.
El también excandidato presidencial señaló que estos hechos debieron haber detonado investigaciones desde ese momento. Cuestionó por qué no ocurrió y planteó una explicación: “Yo creo que porque están coludidos”. Según expuso, esta colusión implica un intercambio de beneficios entre autoridades y grupos criminales, donde “los narcos les han dado dinero y a los narcos les han dado prebendas”.
Dio ejemplos de estas prácticas. Señaló que productores agrícolas, además de pagar cuotas oficiales por servicios como el agua, también deben cubrir pagos al crimen organizado, lo que describió como un sistema paralelo de control territorial y económico.
Sobre el alcance de la acusación presentada en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve coacusados, insistió en que se trata de “la punta del iceberg”, al considerar que existe una red extensa de funcionarios vinculados con el narcotráfico. “La lista de la gente que está coludida con el narcotráfico y que lo protegen es muy grande”, afirmó, al incluir en ese señalamiento a autoridades locales, federales y legisladores.
Se refirió al senador morenista Enrique Insunza, quien fungió como secretario general de Gobierno, de quien dijo tenía “fama de ser el enlace con los narcotraficantes” y una reputación negativa en Sinaloa, lo que coincide con la acusación hecha por la fiscalía estadounidense.
Asimismo, mencionó que el propio Rocha Moya tenía señalamientos similares desde administraciones anteriores.