Luego de la solicitud de Estados Unidos de entregar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otras nueve personas relacionadas con dicho gobierno, acusados de narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un mensaje donde aseguró que no va a cubrir a nadie que haya cometido un delito.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia de EU es político”, expresó.
En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum explicó que desde que llegó a la presidencia juró hacer respetar la Constitución y las leyes y que asumió el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.
“México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía”, resaltó.
La mandataria agregó que si la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción, actuarán en consecuencia.
“Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Este es nuestra posición”, dijo.
EU acusa a Rocha Moya de narcotráfico
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, informaron ayer la apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios por delitos de tráfico de drogas y conexos con armas.
Además del gobernador morenista, también fueron acusados Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, A/K/A “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán,, alias “Juanito”, informó el fiscal en un comunicado.
“Millán está acusado además de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes. Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, de acuerdo con el documento.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton citado en el comunicado.
Esta acusación está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles están a cargo del caso, dijo EU.
De acuerdo con la fiscalía de NY, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo.
“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, añadió Clayton.