El profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Aparicio, expresó preocupación por la reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como nueva causal de nulidad electoral, al considerar que otorga amplios márgenes de discrecionalidad a autoridades electorales que, a su juicio, no generan confianza y podría utilizarse con fines políticos.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el especialista señaló que la discusión debe analizarse en el contexto de tres reformas aprobadas recientemente y del clima político actual. Según explicó, el problema de la intervención extranjera en procesos electorales es real y ha sido documentado en distintos países a través de redes sociales, ciberataques, financiamiento ilícito y otras formas de influencia.
Sin embargo, observó que el tema no había formado parte de los trabajos de la comisión encargada de analizar una eventual reforma electoral durante los últimos meses y que fue incorporado recientemente mediante el impulso del diputado Ricardo Monreal, coordinador morenista en San Lázaro.
Aparicio sostuvo que, frente a un problema existente, la respuesta planteada consiste en aplicar la sanción más severa posible: la anulación de una elección. Recordó que actualmente la Constitución ya prevé tres causales de nulidad relacionadas con la compra de espacios en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña y el uso de recursos públicos o financiamiento ilícito, siempre que tengan un efecto determinante en el resultado.
En ese sentido, cuestionó la incorporación de una cuarta causal basada en la injerencia extranjera, al considerar que su definición resulta poco precisa. La reforma alude a la intención de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros de alterar resultados electorales, lo que, en su opinión, abre espacios de interpretación.
“La solución nuclear”
“Frente a un problema real, se presenta el remedio máximo, la solución nuclear, que es invalidar todos y cada uno de los votos de los ciudadanos”, afirmó.
El académico consideró especialmente delicado que esta facultad quede en manos de instituciones que, desde su perspectiva, carecen de consenso entre las fuerzas políticas. En ese sentido, sostuvo que la medida constituye “una reforma defensiva de Morena, una especie de proteccionismo electoral de Morena”, al abrir la posibilidad de que una eventual derrota electoral pueda ser impugnada alegando intervención extranjera.
También cuestionó la capacidad de las autoridades para determinar objetivamente cuándo una intervención externa tiene efectos determinantes en una elección. Al respecto, hizo referencia al desempeño reciente del Tribunal Electoral y afirmó que se trata de una autoridad que “no genera confianza”.
Recordó que el proyecto de legislación secundaria relacionado con esta reforma fue retirado temporalmente debido a que la modificación constitucional aún no había sido formalmente publicada.
No obstante, manifestó inquietud por algunos elementos incluidos en el proyecto, que incluyen intervenciones de carácter político, económico, diplomático o mediático. Señaló que este tipo de expresiones o posicionamientos forman parte de la dinámica internacional y han ocurrido en múltiples ocasiones, incluso por parte de gobiernos mexicanos respecto de procesos electorales en otros países.
Planteó un escenario hipotético en el que un gobierno extranjero respaldara públicamente al gobierno mexicano en turno, situación que, dijo, también generaría preocupación entre fuerzas opositoras.
Aparicio vinculó la reforma con la confrontación política entre el gobierno federal y la oposición. Afirmó que existe un riesgo de polarización en el que, por un lado, la oposición acuse a Morena de vínculos con el crimen organizado y, por otro, el oficialismo responda con señalamientos de traición a la patria e intervencionismo.
“Morena tiene que poner su casa en orden”, sostuvo, al tiempo que señaló que las acusaciones relacionadas con corrupción o posibles vínculos de actores políticos con organizaciones criminales deben atenderse mediante investigaciones institucionales y mecanismos de rendición de cuentas.
Asimismo, expresó preocupación por lo que consideró una tendencia al cierre de espacios de escrutinio. “A Morena no le gusta rendir cuentas”, afirmó.
Destacó la presencia de integrantes del Poder Judicial en el acto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución el domingo. Cuestionó particularmente la asistencia del presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, y de la ministra Lenia Batres, al señalar que la apariencia de independencia constituye un elemento fundamental para la credibilidad de cualquier juzgador. “El primer requisito de un juez para ser confiable es que por lo menos lo parezca”, dijo.
El investigador consideró que las reformas aprobadas recientemente podrían utilizarse para cuestionar candidaturas opositoras mediante señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado o para impugnar resultados electorales adversos.
“Si Morena percibe que algún candidato opositor luce competitivo o peligroso, tranquilamente lo puede acusar de vínculos sospechosos con el crimen organizado”, afirmó. También sostuvo que, en caso de una derrota relevante, el partido gobernante podría intentar recurrir a los nuevos mecanismos para promover la anulación de una elección.
Reconoció que existen antecedentes internacionales de anulación de elecciones por presuntas interferencias externas, como ocurrió recientemente en Rumania. Sin embargo, subrayó que decisiones de esa magnitud requieren autoridades electorales autónomas e independientes para garantizar la confianza pública en los resultados.