La historiadora y buscadora Alicia de los Ríos Merino consideró que el amparo concedido por un tribunal colegiado representa un paso relevante para esclarecer las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante la llamada ‘guerra sucia’ y acceder a los archivos militares relacionados con ese periodo.
La hija de Alicia de los Ríos, desaparecida en 1978, explicó en entrevista con Aristegui en Vivo que el proceso judicial tiene antecedentes de varias décadas y surgió ante la negativa reiterada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de entregar documentación relacionada con la contrainsurgencia.
El pasado 6 de agosto, un tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito concedió el amparo promovido por De los Ríos, después de que en primera instancia le fuera negado. De acuerdo con la historiadora, la resolución reconoce que la Sedena ha incumplido obligaciones establecidas tanto en el decreto presidencial de 2019 como en la Ley General de Archivos.
“Es de largo aliento el proceso”, explicó al recordar que la lucha por acceder a los archivos comenzó muchos años atrás. Señaló que las familias de personas desaparecidas, sobrevivientes e historiadores ya habían documentado la existencia de expedientes que no habían sido entregados o que permanecían reservados en el Archivo General de la Nación (AGN).
De los Ríos recordó que en 2001, a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se publicó un decreto presidencial durante el gobierno de Vicente Fox que propició una primera transferencia de archivos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), aunque en realidad se trataba de documentación de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
“Muchos años después nosotros empezamos el Comité de Madres de Chihuahua, empezó desde el 2002 la consulta de todos esos”, relató.
La historiadora señaló que las familias se familiarizaron con esos expedientes y conocieron también que había existido una transferencia mínima de documentos por parte del Ejército. Entre quienes revisaron esa documentación estuvo el periodista y académico Sergio Aguayo, quien, según De los Ríos, fue la primera persona que identificó una fotografía de su madre detenida en el Campo Militar Número 1.
El decreto de 2019 y las omisiones de Sedena
De los Ríos explicó que la exigencia de las familias se intensificó con el decreto presidencial emitido en 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que estableció que las instituciones federales debían entregar al Archivo General de la Nación los documentos que contuvieran o registraran violaciones graves de derechos humanos.
“Este decreto, muy importante, lo desacataron tanto el CISEN como la Sedena para el 2019″, afirmó.
Posteriormente, con la creación de la Comisión de la Verdad y el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, sobrevivientes y familiares tuvieron acceso por primera vez al Campo Militar Número 1, el 22 de junio de 2022. De los Ríos señaló que aquel ingreso estuvo acompañado por un desencuentro con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
La historiadora explicó que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico documentó posteriormente las dificultades para acceder a los archivos militares. A partir de ese informe, ella, el Centro Prodh y Artículo 19 promovieron acciones legales para obtener protección federal y exigir que se subsanaran los obstáculos para consultar la documentación.
“Cuando nosotros nos damos cuenta de la gravedad es cuando el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico da a conocer el informe donde dice que no solamente los faltantes de los documentos del de Sedena, [sino que] no les permiten ver la mayoría de ellos al grupo de investigadores del que estaba en el archivo histórico militar”, explicó.
En 2023, De los Ríos presentó el amparo tanto contra la Sedena como contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el organismo que sustituyó al CISEN. En este último caso, dijo, la acción legal tuvo efectos, mientras que la Sedena mantuvo su negativa.
“El amparo espejo frente al CISEN al CNI si surte efecto pero la Sedena es quien se ha negado de manera reiterativa a cumplir esta obligación que está contenida tanto en el decreto como en la Ley General de Archivos”, señaló.
La historiadora explicó que el CNI devolvió al Archivo General de la Nación casi 300 mil fojas que no habían sido entregadas o que habían sido retiradas del archivo después de 2002.
El amparo contra la Sedena fue rechazado inicialmente, por lo que el caso llegó a un tribunal colegiado que finalmente le concedió la protección de la justicia.
Comisión imparcial para revisar los archivos
Uno de los elementos centrales de la resolución es la creación de una comisión especializada que permita revisar y transparentar los archivos militares vinculados con violaciones graves a los derechos humanos.
De los Ríos sostuvo que la responsabilidad de poner en marcha este proceso corresponde al Archivo General de la Nación, institución que, según explicó, ya conocía las irregularidades documentadas por los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. “La cancha está en el Archivo General de la Nación”, afirmó.
La historiadora explicó que el AGN ya había recibido de la Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad un instrumento elaborado por el equipo de investigadores que ingresó al Archivo Histórico Militar y que también había tenido acercamientos con la unidad de asuntos jurídicos de la Sedena para abordar las irregularidades detectadas.
“Entonces tampoco es un tema nuevo, no es un tema que los agarre digamos de sorpresa”, sostuvo.
De acuerdo con De los Ríos, la comisión debe reunir especialistas en archivística y expertos en derechos humanos, particularmente en documentación relacionada con violaciones graves.
La necesidad de contar con especialistas, añadió, deriva también de los problemas técnicos que han encontrado los investigadores al consultar los expedientes militares.
Como ejemplo, relató el caso del dirigente y profesor juchiteco Víctor Pineda, desaparecido el 11 de julio de 1978. Investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico localizaron en los anaqueles del Archivo Histórico Militar una carpeta con su nombre, pero se les negó el acceso porque el expediente aparecía fechado en el año 2000.
“Todo el mundo sabe que víctor desaparece en 1978 pero mágicamente su expediente estaba fechado en el 2000″, afirmó.
Por ello, explicó que la comisión tendría entre sus funciones determinar técnicamente la naturaleza de los documentos, independientemente de la fecha que aparezca en ellos.
“Es un asunto del 78 aunque esté fechado en el 2026 y corresponde a violencias graves del pasado que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República”, dijo.
La desaparición de su madre
La historiadora se refirió también el caso de su madre, Alicia de los Ríos, quien desapareció el 5 de enero de 1978, cuando tenía 25 años y estudiaba en el Tecnológico de Chihuahua. La joven había militado durante cinco años en la Liga Comunista 23 de Septiembre, organización que operaba clandestinamente durante aquella época.
De acuerdo con De los Ríos, su madre llamó a sus abuelos maternos desde el primer momento de su detención y les pidió que la adoptaran. Ella nació en 1977 y creció dentro de la familia de su madre, aunque legalmente quedó registrada como hermana de Alicia de los Ríos. “Yo me crío con la familia de ella, legalmente soy hermana de mi madre”, explicó.
La historiadora señaló que existen diversos testimonios de sobrevivientes que permiten reconstruir parte del recorrido de su madre después de su detención. Entre ellos se encuentran Ramón Galaviz, Cirilo Cota y Juan Manuel Hernández, cuyos casos continúan ante la Fiscalía General de la República.
Según su relato, Alicia de los Ríos permaneció entre enero y abril de 1978 con estos sobrevivientes. Posteriormente, otros testimonios permitieron ubicarla en instalaciones militares.
De los Ríos recordó que Mario Álvaro Cartagena López también declaró haber estado con su madre en el Campo Militar Número 1 en abril de 1978. Otro testimonio, el de Alfredo Medina Vizcaíno, permitió ubicarla posteriormente en ese campo militar y en Pie de la Cuesta.
Medina Vizcaíno sobrevivió a la desaparición y señaló que el último lugar donde vio a Alicia fue en la Base Aérea Militar Número 7.
A partir de estos testimonios, De los Ríos, junto con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y peritos independientes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, realizó inspecciones oculares en las instalaciones señaladas por los sobrevivientes.
“Las indagatorias van avanzadas en términos estructurales de los lugares de detención/desaparición”, explicó.
Sin embargo, sostuvo que el acceso a los documentos militares continúa siendo fundamental para determinar qué ocurrió con su madre y con otras personas desaparecidas durante ese periodo.
Recordó especialmente una frase pronunciada por Juan Manuel Hernández durante una diligencia realizada en el Campo Militar Número 1 en septiembre de 2024. El sobreviviente, quien había permanecido siete meses vendado durante su cautiverio, cuestionó a los militares que acompañaban la inspección.
“Están jugando con nosotros a la gallinita ciega”, les dijo, según recordó De los Ríos. “Nosotros siempre estuvimos vendados los siete meses que estuvimos en el campo militar, estuvimos vendados y si alguien sabe dónde estuvimos son ustedes dirigiéndose a los militares que acompañaban la diligencia decían díganos dónde estuvimos ustedes tienen los documentos”.
A partir de esa experiencia, explicó, una de las prioridades de la búsqueda ha sido acceder a los documentos que permitan esclarecer lo ocurrido. “Desde entonces nos hemos propuesto llegar a esos documentos justamente para esclarecer lo que le sucedió”, concluyó.