Artículo 19 denunció que los avances en la regulación de la publicidad oficial son mínimos a pesar de las promesas de Andrés Manuel López Obrador de transformar la relación entre el gobierno y los medios de comunicación,
La organización enfatizó que, tras más de cinco años de mandato, la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas en la asignación de estos recursos sigue siendo una asignatura pendiente. Esta situación, según Article 19, ha generado preocupación entre quienes defienden la libertad de prensa y la transparencia en México.
Detalló que en 2023, 424 medios de comunicación recibieron publicidad oficial, pero “solo diez de ellos concentran el 45.05% del presupuesto, mientras que los 414 medios restantes agrupan el 54.95%”.
Entre los principales beneficiarios de estos recursos se encuentran La Jornada, con el 9.46% del total, Televisa con el 9.09%, y Medios Masivos Mexicanos con el 8.02%. Juntos, estos tres medios sumaron 680 millones de pesos, lo que representa el 26.57% del total.
En cuanto a las dependencias gubernamentales, la organización informó que “diez de ellas gastaron el 80.51% del presupuesto destinado a publicidad oficial”. Entre las dependencias que más invirtieron en este rubro se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que en conjunto acumularon 1,452 millones de pesos, es decir, el 56.73% del total.
A lo largo del sexenio, Article 19 ha identificado tres tendencias preocupantes en la gestión de la publicidad oficial: el subejercicio del gasto, la hiperconcentración en unos cuantos medios, y la falta de criterios claros y transparentes en la asignación de recursos.
“Estas prácticas no solo afectan la pluralidad informativa, sino que también ponen en duda la independencia editorial de los medios que dependen en gran medida de estos recursos“, señaló la organización.
Las organizaciones Article 19 y Fundar exhortaron al Congreso de la Unión a cumplir con el mandato del Poder Judicial y “establecer criterios claros y transparentes que guíen la asignación de recursos“, promoviendo una distribución más equitativa y asegurando que el gasto en publicidad oficial realmente cumpla con su propósito de informar y conectar al gobierno con la ciudadanía.
La organización advirtió que, sin estas reformas, “la publicidad oficial continuará siendo un área marcada por la falta de transparencia y el uso ineficiente de los recursos públicos”.