El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) aseguró que el país enfrenta retos en materia de seguridad y transición energética, por lo que México necesita certidumbre para la inversión en el sector energético.
En un comunicado, el centro de estudios señaló que la reforma constitucional en materia energética aprobada la madrugada de este jueves por la Cámara de Diputados envía un “mensaje de incertidumbre jurídica” que no solo se limitará a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejará en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano “no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho”.
Señala que al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos.
“Este riesgo se agudiza en un entorno de relativa poca inversión en generación eléctrica. Mientras que entre 2013 y 2018 se autorizaron 54.5 mil millones de dólares (mmd) en inversiones en generación, entre 2019 y 2024 únicamente se autorizaron 13.4 mmd”, apunta el IMCO.
Además, plantea que “favorecer a la CFE por criterios políticos tendría un impacto negativo en la transición energética al reducir y desincentivar las posibilidades de inversión privada en energías renovables”.
Del mismo modo, considera que limitar los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E) obligaría a la CFE a incurrir en la totalidad del gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestructura de redes. “Esto cobra especial relevancia si se considera la subinversión que ha padecido en particular la Red Nacional de Transmisión, por lo menos, la última década”, puntualiza.
Del mismo modo, eliminar el mandato de Pemex y la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario para transitar hacia el carácter de empresa pública sin fines de lucro “permite que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública”.
“En el contexto actual, el Gobierno Federal debe mandar un mensaje de compromiso con el Estado de derecho y la certidumbre jurídica”, apunta este análisis publicado horas antes de la aprobación de la reforma, por lo que advierte que una vez aprobada, “el Poder Legislativo deberá ser especialmente cuidadoso de que la redacción plasmada en la legislación secundaria mitigue en la medida de lo posible estos riesgos para que el objetivo de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento”.
La reforma aprobada modifica la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado” y asegura la prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.
Determina que la CFE podrá generar el 54 % de la energía eléctrica de todo el país, en tanto que las empresas privadas solo podrán alcanzar el 46 %.
El dictamen reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y establece que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, la CFE, cuya esencia es “cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad”.