El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una red de extorsión contra operadores de máquinas tragamonedas en la zona metropolitana de Guadalajara, a quienes cobra cuotas mensuales por cada aparato y aplica multas en caso de retrasos en los pagos, afirmó el periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el autor del libro “El día que cayó ‘El Mencho’” explicó que durante su investigación documentó el funcionamiento de este esquema, que, según señaló, comenzó a ser controlado por el grupo criminal en 2021 y continúa vigente.
Montenegro ubicó esta actividad dentro de la diversificación de fuentes de ingresos del CJNG, que, además del tráfico de drogas, participa en otras actividades ilícitas. En particular, consideró que la extorsión se convirtió en una nueva área de negocio para la organización.
El periodista explicó que los llamados “maquineros”, operadores que administran máquinas tragamonedas instaladas en distintos establecimientos, provienen de un sector que anteriormente trabajaba principalmente con máquinas de videojuegos.
De acuerdo con su reconstrucción, antes de la intervención del CJNG existieron cobros realizados por autoridades locales sobre estos aparatos. Montenegro afirmó que en 2019 la Fiscalía del Estado de Jalisco comenzó a cobrar 100 pesos por punto a los operadores de tragamonedas.
Posteriormente, según su relato, ese esquema pasó a los ayuntamientos, que comenzaron a cobrar 300 pesos por cada máquina y después elevaron la cantidad a 500 pesos.
Montenegro relacionó el cambio posterior en este modelo con el caso de Erick González Eulogio, un operador de máquinas tragamonedas que fue detenido en Puebla por operar los aparatos sin autorización de la Secretaría de Gobernación.
El periodista señaló que el caso se sustentó en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y que González Eulogio obtuvo un amparo en 2020. A partir de ese antecedente judicial, sostuvo, las autoridades de Jalisco dejaron de realizar los cobros y los ayuntamientos hicieron lo mismo.
Fue después de ese cambio, afirmó, cuando el CJNG identificó la actividad como una fuente potencial de ingresos.
Según Montenegro, en 2021 Armando Gómez Núñez, conocido como “Delta 1”, comenzó a controlar el cobro de cuotas a los operadores. “Alguien le dice, oye, hay un área de oportunidad aquí, hazte del negocio para cobrarle renta a los maquineros, y él dice, ‘adelante’, y empieza a cobrar 700 pesos por cada punto”, relató.
Sostuvo que, aunque Gómez Núñez fue posteriormente detenido, continuó operando desde prisión y el esquema de cobros no desapareció. “Lo alarmante es que sigue vigente desde hace cinco años este cobro, y lo manejan de una forma sistematizada”, afirmó.
De acuerdo con el periodista, actualmente los operadores deben pagar 700 pesos mensuales por cada máquina tragamonedas que tienen en funcionamiento. La cantidad total depende del número de aparatos administrados por cada operador. Como ejemplo, explicó que una persona con 500 máquinas debe entregar 350 mil pesos mensuales al CJNG.
Montenegro aseguró que tuvo acceso, mediante información proporcionada por una fuente del Gobierno federal, a registros con listas y folios correspondientes a operadores sujetos a estos cobros.
Según su descripción, el sistema utiliza grupos de WhatsApp para organizar la recaudación. Los operadores reciben por esa vía instrucciones sobre el lugar al que deben acudir para entregar el dinero. “Les dicen en WhatsApp a qué ubicación tienen que llegar, a qué punto tienen que entregar el sobre en efectivo, en solo denominaciones de 100 y 200 pesos”, explicó.
El periodista afirmó que existen diferentes grupos o identificadores vinculados con las zonas donde opera el esquema y mencionó referencias como “Tlaquepaque 1”, “El Salto 2” y “El Grullo 3”. Los pagos, dijo, deben realizarse en efectivo y en el día, lugar y horario establecidos por quienes administran la red.
Además de la cuota mensual, aseguró, existen sanciones económicas para quienes se retrasan incluso algunos minutos en realizar la entrega. “Tienes que pagarles una multa al cártel Jalisco de cinco mil pesos, además de tu cobro mensual de las máquinas que tienes operando”, afirmó.
Sostuvo que las cantidades entregadas por algunos operadores pueden llegar a 350 mil, 500 mil o incluso un millón de pesos mensuales, dependiendo de la cantidad de máquinas que tengan bajo su control.
El periodista señaló que los “maquineros” buscan que su actividad sea regulada mediante un esquema formal de pagos, en lugar de permanecer sujetos a las cuotas exigidas por la organización criminal.
Montenegro afirmó que en su investigación documentó además los nombres de personas que presuntamente participan en la operación del esquema, así como puntos de reunión, una concesionaria de automóviles utilizada para encuentros, personas encargadas de enviar y recoger el dinero y motocicletas relacionadas con las entregas.
“Ahí vienen con nombre y apellido quienes fungen como parte de esta red de operación, vienen las ubicaciones de la de una concesionaria de autos donde se reúnen, de quién manda el dinero, quién lo recoge, cuáles son las motos”, señaló.
El autor de “El día que cayó ‘El Mencho’” afirmó que este esquema funcionó durante el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco y aseguró que continúa durante la administración de Pablo Lemus.
A partir de la información que dijo haber recopilado, cuestionó la actuación de las autoridades estatales frente a la operación de la red. “Si investigamos como periodistas esto, es evidente que el propio gobierno de Jalisco lo sabe, ¿hay una omisión o hay una complicidad compartida?”, planteó.
El periodista describió esta presunta red de extorsión como un “flagelo” que opera mediante el sometimiento de las víctimas y el silencio impuesto a quienes deben realizar los pagos.
“¿Por qué silencioso? Porque a pesar de que no es un acto violento, también se requiere el sometimiento de los propios, de las propias víctimas para que no hagan alarde o que estén sometidas al silencio”, afirmó.
Montenegro también mencionó el caso de Coahuila al referirse a medidas aplicadas contra Los Zetas durante el gobierno de Rubén Moreira. Señaló que entre las acciones emprendidas entonces estuvieron la eliminación de redes de extorsión relacionadas con “las maquinitas”, así como restricciones a otras actividades que, según explicó, constituían fuentes de ingresos para el grupo criminal.
Para el periodista, el caso de las tragamonedas en Jalisco ejemplifica la expansión del CJNG hacia fuentes de financiamiento distintas del tráfico de drogas y muestra un esquema de extorsión organizado mediante cuotas periódicas, registros de operadores, instrucciones digitales para efectuar los pagos y sanciones económicas contra quienes incumplen las condiciones establecidas por la organización.
Al ser cuestionado sobre si el CJNG alcanzó un poder superior al del Cártel de Sinaloa, Montenegro respondió afirmativamente y atribuyó esa valoración a la diversificación de sus actividades, sus redes internacionales para obtener precursores químicos y su presencia fuera de México. “Yo creo que Sinaloa nunca tuvo eso ni en sus mejores años”, concluyó.