La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) frenará los criterios aplicados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional o plurinominales en las elecciones de 2024, fue descartada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en un breve mensaje emitido durante la sesión cancelada de este martes.
El pasado jueves 22 de agosto, el PAN presentó una denuncia de contradicción de criterios entre dos resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitidas en 2018 y 2023, y una sentencia de la Suprema Corte dictada en 1998 para definir los criterios que se deben aplicar para la sobrerrepresentación legislativa en el Congreso de la Unión.
El propósito aparente del PAN es que la contradicción de criterios entre la sentencia del Pleno de la SCJN y la Sala Superior del TEPJF se resolviera de forma urgente para tratar de revertir así la determinación del Consejo General del INE de otorgar mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados al asignarles 108 curules plurinominales.
Por lo anterior, sumando los de mayoría relativa, es decir, los ganados en las urnas, y los llamados “pluris” o de representación proporcional, Morena, PT y Verde sumarían 364 de las 500 curules de la Cámara de Diputados.
El 23 de agosto, un día después de la denuncia promovida por el PAN, la contradicción de criterios fue admitida a trámite por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, y turnada al ministro Alcántara Carrancá con el número de expediente 231/2024, lo que a su vez provocó reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la ministra Lenia Batres Guadarrama, afín al gobierno morenista.
Incluso, la ministra Batres emitió un comunicado nocturno en el que lamentaba la admisión a trámite de la contradicción de criterios y advirtió que el PAN buscaba anticiparse “a la resolución que corresponde emitir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto del actual proceso electoral”.
Por la mañana, López Obrador arremetió contra la ministra Piña por considerar que “no tenía facultades” para admitir a trámite la denuncia de contradicción de criterios entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral; al tiempo que calificó el citado recurso legal como una muestra de desesperación y nerviosismo de la oposición.
Ministro responde a “confusiones y expectativas” por admisión de denuncia de CT
En respuesta ambos señalamientos y a la expectativa generada en la oposición sobre dicho recurso legal, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá defendió a la ministra Norma Piña, señalando que aún cuando la Suprema Corte estaba obligada a admitir a trámite la contradicción de criterios, la resolución no sería retroactiva y por lo tanto, tampoco podría aplicarse al actual proceso electoral ni a las impugnaciones en curso relacionadas con la sobrerrepresentación que el Tribunal Electoral va a resolver este miércoles.
“Habría que recordar, en este punto, que las contradicciones de criterio no son retroactivas, no son retroactivas por mandato constitucional y que, en específico, el proceso electoral se rige por el principio de certeza jurídica contenido, entre otros, en el artículo 105 constitucional que regula puntualmente nuestro modo de actuar”, sentenció.
Alcántara Carrancá agregó que la sentencia que va a dictar este miércoles la Sala Superior del TEPJF será “definitiva e inatacable”, por lo que la Suprema Corte no puede “reemplazar las decisiones” que vayan a tomar los magistrados electorales este miércoles.
De conformidad con el artículo 99, fracción I de la Constitución y el diverso 62 de la Ley General de Medios de Impugnación, la Sala Superior (del TEPJF) es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional.
“Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda, no puede caber ni la menor duda de que yo soy y seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica”, sentenció.
Por último, concluyó que “cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir, en este sentido, la responsabilidad que la Constitución le confiere”.