La magistrada electoral, Janine Otálora, afirmó que la acción declarativa aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permitió al INE continúe el proceso de elección de integrantes de la Poder Judicial, se mantiene la crisis constitucional en México.
“Me parece que con la sentencia de ayer estamos un poco abonando en este tema de la crisis”.
Explicó que el INE planteó una consulta al Tribunal Electoral para interpretar si eran aplicables o no las suspensiones dictadas de amparo por jueces federales y tribunales de Circuito, afectando la vigencia e implementación de la reforma judicial para realizar el proceso electoral de ministros, magistrados y jueces previsto para junio de 2025.
Otálora argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la autoridad competente para interpretar sus propias resoluciones, por ello, resaltó, votó en contra de la acción declarativa a petición del INE.
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“Yo voté en contra porque me parece que, primero teníamos que haber aplazado este asunto, la resolución de este asunto. Y la razón por la cual yo estimé que se tenía que haber aplazado, es decir, resuelto posteriormente, es que un tribunal colegiado planteó ante la Suprema Corte de Justicia un tema referente a la competencia” dijo en entrevista para ‘Aristegui en Vivo’.
Además, dijo que la resolución del tribunal electoral a raíz de una consulta del INE no hizo pronunciamientos sobre la validez de las suspensiones vigentes contra la reforma porque “no nos competen de todos modos, estimo yo, al Tribunal Electoral” y por ello pidió el aplazamiento de la resolución hasta que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena concluya el proyecto (de su caso) y la Suprema Corte de Justicia, resuelva.
Consideró que toda esta situación es “excepcional” y “novedosa” a partir de la reforma que sufrió uno de los tres Poderes del Estado, el Judicial, y la calificó como “una crisis constitucional” que abarca la existencia de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, suspensiones de amparo, consultas al Pleno de la Corte y el paro dentro del Poder Judicial de la Federación.
“Sinceramente, me parece que sí. Este tema de decirle al Instituto Nacional (Electoral) reanuden las actividades y a la vez no pronunciarse sobre las suspensiones. Entonces, es un tema que está debatido desde la mañana (…) por ambos poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.”
Falta de consenso y diálogo tras reforma judicial
La magistrada estimó que hasta el momento, la vía por la que se debe atender la situación es la constitucional y será hasta que se entreguen las listas de candidaturas para los cargos vacantes de jueces y magistrados cuando empiece la materia electoral.
Otálora Malassis expresó su preocupación por la falta de diálogo y consenso en el ámbito político y jurídico del país, al tiempo que destacó que atraviesa un período de “cambios profundos” que requieren atención y colaboración entre las instituciones.
“Estamos, me parece, en un momento de cambios profundos, sumamente importantes para el país, para toda la sociedad. ¿Qué está pasando con la búsqueda de consensos?”.
El diálogo y la búsqueda del consenso es el fundamento de toda democracia, pero parecería que estamos perdiendo esta capacidad de diálogo y esta búsqueda de un consenso para tomar decisiones que son fundamentales para el futuro de un país”.
La magistrada explicó que la acción declarativa es “una determinación que indica cuál es el camino a seguir, el sentido a darle a ciertas cosas para detener un problema, empezar a dar, mejor dicho, una certeza o restituir el ejercicio de un derecho político”.
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Subrayó que a pesar de esta acción puede considerarse una sentencia del TEPJF, sus efectos jurídicos pueden no ser vinculantes ya que “la vinculación no es tan determinante porque, insisto, subsisten otras determinaciones de otros órganos del Poder Judicial que deben ser impugnadas por otra vía”.
La magistrada también se refirió a las implicaciones de la reciente decisión del Tribunal Electoral, cuestionando si dicha resolución puede considerarse realmente obligatoria.
“Normalmente, las salas superiores y últimas instancias son inapelables en sus determinaciones, pero hace aproximadamente dos años, en un asunto referente al presupuesto del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, acudieron a la Suprema Corte de Justicia y en la Suprema Corte de Justicia, uno de sus integrantes, determinó ordenarse al tribunal dejar de actuar”.
Era una situación muy novedosa, pero en efecto cumplimos. Dejamos de actuar en el tema presupuestal de este tribunal electoral local.”.
Finalmente, la magistrada Otálora resaltó la posibilidad de que la reciente resolución del Tribunal Electoral sea impugnada.
“Puede, pienso yo, acudir a alguien ante la Suprema Corte de Justicia planteando qué es lo que sucede en torno a esa determinación, ya que ya hay un precedente en el que la Suprema Corte de Justicia determina detener nuestras actuaciones”, sostuvo.