La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enunció un listado de supuestas irregularidades del Poder Judicial de la Federación, de lo que resaltó que algunos de sus integrantes presuntamente han frenado la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana, además de generar impunidad y retrasar el acceso a la justicia.
Durante la conferencia matutina, Rodríguez afirmó que “integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía”.
Señaló que esta situación ha paralizado proyectos importantes como obras públicas y políticas de bienestar.
Denuncia Gobierno de México obstaculización de la república
Entre los ejemplos, mencionó que “un total de 6 mil 097 personas, es decir, más del 8%, no han recibido sentencias“, refiriéndose a las personas privadas de la libertad en los centros federales.
Añadió que en el Centro Femenil de Morelos, de las 1,000 mujeres que se encuentran ahí, “415 han esperado entre un año y 17 años para una sentencia”, lo cual consideró inaceptable y explicó que el 34% de estas mujeres llevan entre 9 y 12 años en prisión sin que se haya resuelto su situación jurídica.
Rodríguez también criticó las suspensiones de amparo que, según ella, han obstaculizado importantes leyes y reformas, entre las mencionadas, destacó la Ley de la Industria Eléctrica, con 161 suspensiones, la Ley de la Guardia Nacional, con cinco, y la Ley de Minería, con el mismo número.
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Señaló que el Fondo de Pensiones para el Bienestar de los Trabajadores tiene 25 suspensiones y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 717, “evidentemente, otros como los vapeadores, que dañan a nuestra juventud, tienen 240 suspensiones de amparo”, añadió.
Además, señaló los casos del Tren Maya, con dos suspensiones, y de los libros de texto gratuitos, cuya entrega para el ciclo escolar 2023-2024 fue sido obstaculizada con 26 suspensiones de amparo.
Otros ejemplos incluyen las áreas naturales protegidas, con cinco suspensiones, y la supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con 73 suspensiones.
En cuanto a la supuesta injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales, Rodríguez señaló que en diciembre de 2023, la ministra Norma Piña convocó a una cena privada en la casa del ministro González Alcántara, a la que asistieron políticos como el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial, Santiago Creel, y magistrados electorales.
Consideró esta reunión como una violación ante la prohibición de la intromisión del Poder Judicial en asuntos electorales.
También mencionó que en julio de 2024, un juez de distrito ordenó al Tribunal Electoral designar dos magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, lo que fue rechazado por la Sala Superior del Tribunal por ser “excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional”.
En agosto de 2024, la ministra Piña admitió un recurso del dirigente del PAN, Marko Cortés, para que la Corte definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales.
Rodríguez también denunció procesos viciados en la selección de jueces, destacando que “24 mil 546 personas del Poder Judicial tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder”.
Señaló que el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares trabajando en el Poder Judicial, con algunos casos extremos como el de una persona que cuenta con 26 familiares en el sistema judicial, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales.
En cuanto a las quejas presentadas contra servidores públicos del Poder Judicial, Rodríguez detalló que de 38 mil 000 quejas presentadas entre 2004 y 2023, el 86% fue desechado sin investigación.
Del resto, el Consejo de la Judicatura solo sancionó a 472 jueces y magistrados,”el 0.7% del total recibió una amonestación, el 0.2% una suspensión momentánea y el 0.1% una destitución”, explicó, y señaló que en muchos casos los funcionarios sancionados regresaron a sus cargos gracias a amparos.
Exhiben salarios en el Poder Judicial
Asimismo, Rodríguez criticó los altos salarios de los miembros del Poder Judicial, señalando que “un ministro de la Corte recibe un salario mensual de 792 mil 256 pesos“, lo que incluye compensaciones y beneficios como seguro médico, seguro de vida, viáticos y apoyo para vehículos blindados.
Añadió que los consejeros de la Judicatura perciben un salario de 460 mil 787 pesos mensuales, mientras que los magistrados ganan 374,203 pesos y los jueces de distrito, 374 mil 203 pesos.
En cuanto a las consecuencias del paro judicial entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de 2024, la secretaria informó que se cancelaron 12 mil 448 audiencias.
“Todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario aunque están en paro”, y dijo que de las 665 apelaciones pendientes de resolución, el 52% lleva entre 4 y 23 meses sin sentencia.
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Liberaciones y suspensiones de amparos
Finalmente, Rodríguez denunció que diversos jueces -a su parecer- han favorecido a criminales de alto perfil y han contribuido a la dilación de procesos judiciales.
Señaló que, según la Fiscalía General de la República (FGR), “en 16 de 31 audiencias no se emitieron órdenes de aprehensión“, y que el 52% de 665 apelaciones pendientes llevan entre 4 y 23 meses sin resolverse.
Entre los casos mencionados, destacó al juez que liberó a Alberto, alias “El Quenna”, en Reynosa, así como al juzgador que otorgó la suspensión de extradición a Rafael Caro Quintero.
También mencionó al juez que otorgó un amparo a Héctor “El Güero” Palma, y a la jueza Angélica Sánchez, que ordenó la liberación de Itiel, alias “El Compa Playa”, del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Rodríguez subrayó que estas resoluciones benefician a delincuentes y afectan la justicia en México.