En América Latina, hablar de riesgo no es solo hablar de números: es hablar de historia, de decisiones, de resiliencia. En cada país, detrás de cada emisión de deuda, hay una narrativa que combina aspiraciones de desarrollo con los desafíos de gobernanza, estabilidad y confianza.
Las agencias calificadoras de riesgo -esas compañías que muchos conocen por sus letras y escalas-, conectan a los mercados financieros con las realidades sociales, que traduce expectativas en métricas, y que influye silenciosamente en cuánto le puede costar a un gobierno construir obra pública, financiar una universidad o expandir el crédito a las familias.
A nivel mundial, tres agencias lideran el mercado de calificación de riesgos: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service y Fitch Ratings. Estas entidades iniciaron operaciones hace más de un siglo y desde entonces se han dedicado a evaluar la capacidad de pago de los agentes económicos -gobiernos, instituciones financieras, empresas-, que recurren al endeudamiento para financiar sus actividades.
Por ejemplo, un gobierno puede emitir deuda para construir infraestructura; un banco, para apalancar su crecimiento mediante fusiones y adquisiciones; y una empresa, para adquirir maquinaria o expandir operaciones. Estas agencias asignan calificaciones de crédito (o “ratings”) mediante escalas alfabéticas (desde ‘AAA’, el nivel más alto, hasta ‘D’, que indica impago), acompañadas de signos (+/-). Estas calificaciones son opiniones de crédito, no recomendaciones de compra o venta.
Mientras mejor sea la calificación de un emisor, mejores serán sus condiciones de financiamiento: acceso a mayores montos, tasas de interés más competitivas y plazos más largos. Los inversionistas institucionales suelen dividir a los emisores en dos grupos: aquellos con calificaciones en el rango de las ‘BBB’ o superiores, considerados de grado de inversión, y los que se ubican por debajo, clasificados como grado especulativo.
Pero ¿por qué son relevantes estas calificaciones para las personas y los hogares?
Es fundamental que los países trabajen por fortalecer su perfil crediticio. Además de acceder a mejores condiciones de financiamiento, la calificación soberana suele actuar como techo para las calificaciones de bancos y empresas locales. Este efecto en cascada implica que, si el gobierno mejora su calificación, el sistema financiero puede canalizar recursos en mejores condiciones hacia empresas y hogares. Como individuos, esto se traduce en créditos para consumo, adquisición de vivienda o automóviles, a tasas de interés más accesibles. En consecuencia, una menor proporción del ingreso familiar se destina al pago de deudas.
A pesar de su larga historia, es probable que muchos hayan escuchado más sobre estas agencias calificadoras a raíz de la crisis financiera global de 2008–2009, que marcó un antes y un después en su reputación. Las controversias sobre transparencia y conflictos de interés pusieron en tela de juicio su credibilidad. Sin embargo, desde entonces han fortalecido sus metodologías, incorporado nuevos escenarios y realidades, y se han visto sujetas a reformas regulatorias que exigen mayor supervisión, transparencia y responsabilidad.
Hoy, el rol de las calificadoras sigue siendo crucial: promueven disciplina financiera, fomentan la transparencia, identifican riesgos sistémicos y elevan los estándares de gestión y control de riesgos en los mercados.
Las calificadoras no construyen los puentes del desarrollo, pero sí evalúan su resistencia. En América Latina, donde cada decisión financiera puede tener implicaciones sociales profundas, entender cómo se mide el riesgo es parte de construir un futuro más justo y consciente.
Calificadoras frente a la inversión privada en América Latina
La inversión privada es un motor esencial para el desarrollo económico de América Latina. Impulsa el crecimiento, genera empleo, fortalece la competitividad y complementa la inversión pública en proyectos de infraestructura, innovación y desarrollo productivo.
En la región, la inversión (privada y pública) durante 2026-2027, representará en promedio, entre el 15 y un 23% del producto interno bruto (PIB), mientras que en economías emergentes asiáticas la inversión total excede el 30% del PIB. En América Latina, la inversión privada suele representar dos tercios o más de la inversión total, mientras que el resto corresponde a inversión pública.
Los países latinoamericanos con mayor inversión privada en relación con su PIB en los próximos dos años serán Panamá, República Dominicana y Chile, donde se espera que esta exceda el 20% del PIB impulsada por proyectos de minería e infraestructura, y turismo. En un segundo grupo se ubican México, Perú y Colombia, con una inversión privada estimada entre 16 y 18% del PIB.
En México, el dinamismo provendrá de los sectores de manufactura, automotriz y servicios; en Perú, de proyectos de minería e infraestructura; y en Colombia, de iniciativas de energía y agroindustria. Finalmente, en Centro América se proyecta que la inversión privada represente entre 13 y 15% del PIB, reflejando un nivel más moderado.
América Latina encara el reto de consolidar la estabilidad política e institucional como condición indispensable para atraer inversión. La región deberá demostrar capacidad de generar marcos regulatorios previsibles y transparentes, en un contexto marcado por ciclos electorales frecuentes y tensiones sociales. A ello se suma la necesidad de cerrar brechas de infraestructura: carreteras, puertos, energía y conectividad digital siguen siendo insuficientes en muchos países, lo que limita la competitividad.
En este sentido, un reto clave será potenciar el capital humano y aprovechar la dinámica demográfica. Aunque la expansión de la clase media y la juventud ofrecen oportunidades, persisten rezagos en educación y capacitación que limitan la productividad. La región deberá atraer inversión extranjera en sectores de alto valor agregado e impulsar innovación y digitalización para abrir nuevos mercados. Todo ello exige fundamentos macroeconómicos sólidos -inflación controlada, deuda sostenible y políticas monetarias creíbles-, junto con estabilidad cambiaria para sostener el flujo de inversión.
¿Cómo contribuyen las agencias calificadoras en la dinámica inversionista?
De ahora y siempre, los inversionistas han buscado certeza para que los proyectos de largo plazo en los que participan sean financieramente viables y rentables, cuenten con una adecuada gobernanza y demuestren resiliencia frente al riesgo. En este contexto, las agencias calificadoras desempeñan un papel clave al ofrecer análisis y opiniones independientes que fortalecen la confianza y permiten decisiones de inversión más informadas.
En esta línea, las metodologías de las calificadoras reconocen y premian a las entidades con mayor transparencia, disciplina financiera y políticas de riesgo conservadoras. Un aspecto decisivo es que, a mejor calificación de crédito, más favorables serán las condiciones de financiamiento, pues los inversionistas perciben menor riesgo y los costos se reducen. Así, las calificadoras no solo reflejan la salud financiera de emisores y proyectos, sino que también incentivan prácticas responsables para atraer capital en mercados exigentes.
En definitiva, vale decir que las condiciones de financiamiento en la región serán favorables en este nuevo año, apoyadas por la debilidad del dólar y los recortes de tasas de la Reserva Federal, lo que podría hacer de América Latina una opción atractiva pese a la incertidumbre económica. Sin embargo, la política comercial impredecible de Estados Unidos y el riesgo de una desaceleración global amenazan este escenario: si el entorno se deteriora, el financiamiento podría endurecerse y limitar el flujo de inversión.
Este artículo fue publicado originalmente en la edición print de febrero de 2026.
(*) El autor es especialista en calificaciones crediticias y sector financiero en América Latina. Ex Managing Director y líder del sector de instituciones financieras en la región en S&P Global Ratings por 18 años. Asimismo, es conferencista internacional en foros especializados exponiendo tendencias económicas y crediticias. En su día a día, busca aportar visión estratégica a diferentes Consejos de Administración.