Monterrey.- Un docente del Conalep “Doctor Eduardo Macías Santos”, en Monterrey, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León por presuntas presiones ejercidas por directivos del plantel para participar en actividades de carácter político y respaldar acciones vinculadas al Gobierno estatal, bajo la advertencia de posibles repercusiones laborales en caso de negarse.
De acuerdo con el maestro Andrés Martínez, durante su proceso de contratación se le habría informado que, además de sus funciones académicas, en ocasiones tendría que asistir a eventos fuera del aula relacionados con actividades políticas.
Según explicó, la directora del plantel le indicó que, con la actual administración estatal, los docentes eran convocados a acudir como simpatizantes a determinados actos, lo que —aseguró— implicaba asistir como parte de un grupo organizado.
El profesor relató que una de estas convocatorias ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando acudió a un evento en García, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de una preparatoria, acto en el que también participó el gobernador Samuel García.
Señaló que en una reunión la directiva del Conalep habría solicitado a los maestros entregar copia de su credencial de elector, así como conseguir identificaciones adicionales de al menos 20 personas más.
¿Qué es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales?
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) es un órgano especializado dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) en México, cuyo propósito principal es investigar, perseguir y sancionar los delitos relacionados con procesos electorales. Su función es garantizar que los comicios se realicen de manera legal y transparente, protegiendo la integridad del voto y la equidad entre los participantes.
Entre los delitos que persigue esta fiscalía se incluyen:
- Compra o coacción del voto – cuando se ofrece dinero, bienes o favores a cambio del voto de una persona.
- Violencia política en razón de género – actos que busquen impedir o afectar la participación política de las mujeres.
- Uso indebido de recursos públicos – cuando autoridades o funcionarios utilizan dinero o bienes del gobierno para favorecer a algún candidato o partido.
- Falsificación de documentos electorales – como actas de votación, credenciales o registros de candidatos.
- Delitos cometidos por partidos o candidatos – como propaganda ilícita o fraude electoral.
La FEDE actúa de manera independiente de los partidos políticos y tiene la facultad de iniciar investigaciones de oficio o a partir de denuncias, presentar acusaciones ante los tribunales y colaborar con otras autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).