La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular reformas constitucionales para modificar la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado” y asegurar la prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.
La CFE podrá generar el 54 % de la energía eléctrica de todo el país, en tanto que las empresas privadas solo podrán alcanzar el 46 %.
La iniciativa, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de febrero y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en lo general por la mayoría calificada de 355 votos de Morena y aliados y recibió 122 votos en contra de la oposición, que acusó que se trata de la reedición de la reforma eléctrica presentada hace unos años y que fue frenada por el Poder Judicial..
En lo particular fue aprobada por mayoría calificada de 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención, por lo que fue enviada al Senado para su posterior discusión y, en su caso, aprobación.
El dictamen reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y establece que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, la CFE, cuya esencia es “cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad”.
Por lo tanto, considera que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, como el litio y el servicio de Internet que provea.
Puntualiza que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivos asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado establecida.
En lo particular se aprobó una reserva para suprimir del dictamen el párrafo que señalaba que “el Estado queda a cargo de la transición energética”, de la reforma al artículo 27 constitucional.
La reserva fue presentada por la diputada morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva . En el caso del artículo 27, se eliminó el párrafo mencionado, que además establecía que el Estado “utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
En el caso del artículo 28 se suprimió de los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”. Además, se precisó que los ferrocarriles, “tanto para transporte de pasajeros como de carga”, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y en el apartado que refiere que el Estado otorgará concesiones o permisos, se agregó la palabra “asignaciones”.
Por lo demás, las reformas establecen que las concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Así, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de las reformas, para realizar las adecuaciones a las leyes secundarias.
La oposición presentó dos mociones suspensivas que fueron desechadas por el Pleno; la primera, de Movimiento Ciudadanos, impulsada por la diputada Laura Ballesteros que consideró que la reforma provocará que la luz sea más cara y contaminante para la población.
La legisladora estuvo acompañada de sus compañeros de bancada, quienes utilizaron máscaras de gas para ejemplificar que se trata de una iniciativa “tóxica” y en los hechos representa el ‘Plan B’ de la reforma eléctrica que presentó López Obrador hace unos años y que frenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Otra moción fue presentada por el panista Miguel Angol Monraz Ibarra, quien consideró que la reforma puede “afectar las finanzas públicas, la economía, el medio ambiente y hacer que siga creciendo la deuda y el déficit público”.
En los posicionamientos, la diputada panista Liliana Ortiz Pérez aseguró que centralizar nuevamente el control del sistema eléctrico en una empresa pública del Estado es un claro retroceso que nos devuelve a modelos obsoletos y pocos competitivos. “Limitar la participación privada elimina los incentivos para la inversión extranjera y nacional en infraestructura energética. México se volvería menos atractivo para inversionistas, afectando el crecimiento económico, la creación de empleos y la modernización del sector”.
Por su parte, la diputada morenista Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía, señaló que no se trata de hacer a un lado la inversión privada, sino de modificar el despacho, pues antes primero se les daba la opción de sacar las energías limpias y después a la CFE, así como en los ciclos combinados y en las subastas. “Se está modificando en beneficio del pueblo mexicano”, dijo.
Mientras hablaba, un grupo de legisladoras panistas la increpó desde el Pleno, a lo que Abreu contestó que no se dirigía a ellas sino “con el pueblo mexicano” y “no con ignorantes”.
” Lo que te duele y te arde vienes aquí a gritar. Lo que no tiene la razón lo quieren hablar con gritos”, señaló.
Por su parte, el priista Mario Zamora Gastélum señaló que el dictamen violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos, por lo que su aprobación genera “contradicciones entre disposiciones nuevas y las ya establecidas, ya que no existe jerarquía legal entre los artículos constitucionales”.
“Varias de las disposiciones planteadas no podrán prevalecer sobre los derechos fundamentales, debido a que resultan regresivas y estamos trastocando tratados comerciales con nuestros principales socios, como son los Estados Unidos”, apuntó.
En ese sentido, recordó que la Segunda Sala de la SCJN resolvió en 2021 revertir la reforma eléctrica que iba en el mismo sentido que la actual.
(Con información de la Cámara de Diputados y Aristegui Noticias)