La magistrada en retiro, Edna Lorena Hernández Granados, señaló que, tras la aprobación de la reforma judicial, la cual implicó la renuncia de al menos 200 jueces y magistrados federales, aún está pendiente la indemnización de estos trabajadores del Estado, quienes además tienen prohibido trabajar durante dos años en la ciudad donde estaban adscritos.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que, aunque la reforma establece beneficios para quienes declinaron participar en la elección de jueces y magistrados, el pago correspondiente aún no ha sido cumplido: “Íbamos a tener derecho a que se nos cubrieran tres meses de salario y 20 días por cada año”.
Mencionó que estas prestaciones son las que corresponden a cualquier trabajador en México y recordó que, además del pago, la reforma les impide trabajar durante dos años y en cualquier ámbito en la ciudad en la que estaban adscritos.
“Por ejemplo, yo no podría trabajar en ninguna parte en Ciudad de México. La prohibición es que no se puede trabajar, porque teníamos la garantía de inamovilidad”, dijo.
Respecto a la falta de pagos, Hernández Granados detalló que pese a que el decreto se publicó en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 2024 y estipula que los derechos laborales deben ser respetados, los recursos han sido transferidos de Nacional Financiera (Nafin) a la Tesorería de la Federación sin consentimiento del Consejo de la Judicatura.
Nos encontramos en un estado de indefensión, cumplimos con este precepto, declinamos y resulta que a unos días de la elección no se nos ha cubierto nada.
La magistrada urgió al Consejo de la Judicatura a individualizar y expedir constancias sobre los montos que corresponden a cada juez y magistrado.
“Nos urge que el consejo de la judicatura individualice los montos que nos corresponden, nos expida una constancia en donde se nos asegure estas cuestiones económicas que ya están en la reforma y en la ley y en la constitución”, mencionó.
Finalmente, Hernández Granados hizo un llamado a las autoridades federales para cumplir con los derechos establecidos y generar confianza en las instituciones.
“Necesitamos que el gobierno empiece a demostrarle a la gente que debe haber confianza en las instituciones del Estado […] el llamado tendría que ser a quien corresponde […] que ya está el dinero resguardado, que sólo hace falta que se cumpla la reforma judicial que ellos mismos establecieron”.
La magistrada señaló que el incumplimiento de estos pagos afecta tanto la independencia judicial como los derechos laborales adquiridos durante años de servicio, en perjuicio de al menos mil 600 trabajadores en total.