Monterrey. – Los delitos de fraude continúan posicionándose como el principal problema en materia de delitos patrimoniales en Nuevo León, al mantenerse durante seis años consecutivos como la incidencia con más denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
De acuerdo con el más reciente reporte de incidencia delictiva correspondiente a abril de 2026, durante ese mes se iniciaron 339 carpetas de investigación por fraude, siendo hasta ahora el periodo con más casos registrados en el presente año.
Las estadísticas de la Fiscalía revelan que en enero de este año se contabilizaron 150 denuncias; en febrero fueron 131; marzo cerró con 340; mientras que abril prácticamente alcanzó las 339 querellas, acumulando un total de 960 casos durante el primer cuatrimestre del 2026.
En 2025 el fraude siguió encabezando la lista de delitos patrimoniales con mayor número de reportes al cerrar el año con 3 mil 38 denuncias, registrando un incremento importante durante la segunda mitad del año, especialmente en agosto y septiembre.
En 2024, las denuncias alcanzaron 4 mil 925 casos, mientras que en 2023 se contabilizaron 5 mil 447 investigaciones relacionadas con este delito.
El año con mayor número de fraudes registrados en la entidad durante los últimos años fue 2022, cuando la Fiscalía documentó 6 mil 70 denuncias, con meses que incluso superaron los 600 casos.
En 2021 también se reportó una incidencia elevada, al cerrar con 5 mil 802 denuncias por fraude, consolidando así una tendencia que ha mantenido este delito como uno de los principales problemas patrimoniales en Nuevo León.
Las cifras correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 colocan nuevamente al fraude como el delito patrimonial con más denuncias en la entidad, al registrar 960 casos.
Por debajo se encuentra el robo a persona con 922 denuncias; robo simple con 638; daño en propiedad ajena con 415; despojo de inmuebles o aguas con 333; chantaje o extorsión con 326; robo a negocio con 321; y robo a casa habitación con 313.
También aparecen delitos como daño en propiedad ajena culposo con 232 casos; abuso de confianza con 156; robo de vehículo con 155; administración fraudulenta con 32; cristalazos con 23; robo en el campo con 20; robo en carretera con 10; robo de componentes del servicio con 9; y usura con 8.
En contraste, durante los primeros cuatro meses del año no se han registrado denuncias por robo a instituciones bancarias ni por invasión de inmuebles.
En las últimas semanas, varios casos de alto impacto relacionados con presuntos fraudes han vuelto a poner el tema en el centro de la atención pública en Nuevo León.
Uno de ellos corresponde al caso de la desarrolladora Proyectos 9, propiedad de José Aurelio Lobatón Bernard, donde la Fiscalía informó que las denuncias ya rondan las 180 querellas, con afectaciones económicas que superarían los 500 millones de pesos.
Recientemente un juez negó una suspensión definitiva que buscaba impedir posibles órdenes de aprehensión contra el empresario, mientras continúan desarrollándose audiencias judiciales relacionadas con el caso.
Otro hecho reciente fue la detención en Santiago de una exempleada bancaria identificada como Griselda “N”, acusada presuntamente de cometer un fraude millonario contra adultos mayores mediante supuestos fondos de inversión falsos.
Las investigaciones apuntan a que una de las víctimas habría perdido alrededor de 12 millones de pesos tras confiar sus ahorros a la ahora detenida.
El caso de Grupo Peak continúa avanzando judicialmente luego de que Víctor Hugo “N” fuera extraditado de España a México tras ser detenido en Madrid.
Actualmente enfrenta el proceso en libertad debido a una suspensión otorgada mediante un juicio de amparo, situación que mantiene detenida la ejecución de la orden de aprehensión en su contra.
La Fiscalía estima que el presunto fraude relacionado con Grupo Peak asciende a entre 280 y 300 millones de pesos, mientras que otro de los socios fundadores de la empresa continúa prófugo de la justicia.
En Nuevo León, el fraude continúa como el delito patrimonial que más preocupa a la ciudadanía, mientras las autoridades buscan reducir su incidencia mediante avances en las investigaciones y procesos judiciales contra los presuntos responsables.