La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el Código Fiscal de la Federación en la cual se plantea la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda bloquear plataformas de streaming en caso de que no cumplan sus obligaciones tributarias.
Con la modificación al artículo 30-B, las autoridades fiscales podrán tener acceso permanente y en tiempo real a la información de servicios como Netflix, HBO, Amazon Prime, entre otras.
El objetivo principal del gobierno es combatir la evasión fiscal en la creciente economía digital. Al tener acceso directo a los datos, el SAT podrá verificar de manera inmediata que estas compañías, muchas de ellas extranjeras, declaren y paguen correctamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que cobran a sus millones de usuarios en México.
Esto implica que las empresas proveedoras de streaming deberán adaptar su infraestructura tecnológica para que SAT pueda consultar, de manera continua, los datos vinculados a la prestación de sus servicios en México. Dicha información abarcaría, previsiblemente, registros de suscripciones, transacciones, facturación y demás datos operativos que permitan a la autoridad mejorar la eficiencia recaudatoria.
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La medida se fundamenta en que la tecnología utilizada por las propias plataformas permite la implementación de controles electrónicos.
El incumplimiento de la obligación de proporcionar dicho acceso en tiempo real acarreará el bloqueo temporal del acceso al servicio digital.
Esta sanción se alinea con las ya existentes en la Ley del IVA para otras infracciones graves, como la omisión en el pago de impuestos o la no presentación de declaraciones. El procedimiento de bloqueo se ejecutaría a través de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en México, conforme a lo estipulado en los artículos 18-H BIS a 18-H QUINTUS de la Ley del IVA.
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Para el consumidor final de una plataforma de streaming, esto se traduciría en la imposibilidad de acceder al servicio.
La reforma establece que el SAT será la entidad encargada de emitir las reglas de carácter general que definirán las características y especificaciones técnicas que los sistemas de las plataformas deberán cumplir.
Para llevar a cabo esta vigilancia tecnológica y el análisis de los enormes volúmenes de datos, el SAT se apoyará en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependencia que acumulará así aún más atribuciones y poder.
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La Agencia es también la administradora de la Plataforma Única de Identidad, que permite consultas en tiempo real de los datos asociados a la CURP biométrica.