Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, expuso esta mañana como parte de su informe de ‘Cero Impunidad’ a dos jueces, de Morelos y Chiapas, que otorgaron suspensiones en contra de la reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo y que será revisada bajo la nueva legislatura.
El primer caso es el de la jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña, quien el pasado 30 de agosto concedió una suspensión de oficio a diversos jueces federales que promovieron un amparo contra la controvertida reforma, que se discute en la Cámara de Diputados, pues consideró esta podría genera posibles daños de “imposible reparación”.
El propósito de esta suspensión es para que el proyecto de dictamen, aprobado y discutido el 26 de agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales, no surta efecto para los quejosos.
Lo anterior, según informó Bucio, implicaría que dicho proyecto no podrá ser discutido ni votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura, instalada el 01 de septiembre.
Según informó la jueza, que ha sido respaldada por trabajadores judiciales de Morelos, actuó estando en protesta por los “ataques” a la independencia judicial.
El segundo caso destacado fue el del Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, quien de igual manera el 30 de agosto concedió una suspensión de oficios otros jueces que promovieron un amparo contra la misma iniciativa de reforma.
En este caso los efectos de la suspensión serían para que el Congreso de la Unión se abstenga de enviar el dictamen a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta que se resuelva la suspensión definitiva en este amparo.
De acuerdo con el Juez, de permitirse la culminación de dicho proceso legislativo, el amparo promovido quedaría sin materia, pues sería imposible reparar los daños ocasionados a los promoventes.
El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador también acusó a estos jueces de “intromisión facciosa” durante su conferencia mañanera, considerando que los fallos son ilegales e inconstitucionales.
¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo, es una violación a la división y al equilibrio que debe existir de los poderes.