La presidenta Claudia Sheinbaum designó al excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez como nuevo titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargada de normar y operar la capacitación laboral en el país.
El nombramiento fue dado a conocer por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a través de su cuenta en X, en una publicación en la que celebró la decisión.
“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo”, escribió Delgado, quien añadió que Garduño es “un funcionario ejemplar” y que su participación será “fundamental para la reforma a la educación #MediaSuperior que está en marcha con el #BachilleratoNacional”.
De acuerdo con el titular de la SEP, el nombramiento se inscribe en un proceso más amplio de actualización de la oferta educativa en el nivel superior, la cual, señaló, “se alinea con los sectores estratégicos del #PlanMéxico y los polos de desarrollo para el bienestar”.
¿Qué es la DGCFT?
La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo es la instancia federal responsable de normar, operar, coordinar, controlar y evaluar el servicio de capacitación para y en el trabajo, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo y contribuir al desarrollo económico y social, así como al mejoramiento del nivel de vida de la población.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Su cobertura es nacional y opera principalmente a través de dos redes de planteles: 199 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), de carácter federal, y 28 Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT), organismos descentralizados de los gobiernos estatales, los cuales en conjunto administran 282 Unidades de Capacitación y 133 Acciones Móviles.
El subsistema ofrece 31 Campos de Formación Profesional, 55 especialidades y 207 cursos, que van desde programas regulares presenciales en horarios fijos hasta cursos de extensión y capacitación acelerada diseñados según necesidades individuales o requerimientos empresariales.
¿Quién es Francisco Garduño?
Francisco Garduño Yáñez se desempeñó hasta mayo de 2025 como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), cargo que entregó el 1 de mayo de ese año al exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes.
Su gestión al frente del INM estuvo marcada por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que murieron 40 personas migrantes y 27 más resultaron heridas.
A finales de septiembre de 2025, Garduño ofreció una disculpa pública por estos hechos, como parte de las medidas impuestas por la autoridad judicial en el marco del proceso en su contra por presunto ejercicio ilícito del servicio público.
En abril de 2025, un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la suspensión del proceso penal en su contra, ratificando la decisión del juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, quien en enero de ese mismo año había ordenado suspender el procedimiento por 18 meses, siempre y cuando Garduño cumpliera con diversas medidas cautelares.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Entre dichas medidas se encuentran mantener una residencia fija, realizar cursos en materia de derechos humanos y protección civil, ofrecer una disculpa pública, asegurar el cumplimiento de indemnizaciones a víctimas y efectuar supervisiones trimestrales en centros de detención migratoria.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a ocho víctimas de lesiones y a nueve familias de personas fallecidas, impugnó originalmente la suspensión del proceso, argumentando que contravenía las suspensiones provisionales obtenidas por las víctimas y que no había existido una negociación adecuada para la reparación del daño.
La organización también cuestionó que las indemnizaciones pagadas por el Estado -300 millones de pesos distribuidos entre las víctimas- fueran consideradas como aportaciones atribuibles a Garduño, al tratarse de recursos públicos derivados de un procedimiento distinto.
Sin embargo, el tribunal colegiado avaló la decisión del juez y sostuvo que, dada la magnitud del monto, “difícilmente podrían ser cubiertas por una sola persona”, por lo que se priorizó, según su resolución, la reparación integral del daño.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la propia Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, han criticado la determinación judicial y han denunciado lo que califican como “impunidad y justicia selectiva” en el caso.