El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue con las investigaciones para localizar al exgobernador Silvano Aureoles y ejecutar la orden de aprehensión en su contra.
“La FGR continúa con las pesquisas para dar con el paradero del exgobernador y cumplimentar la orden de aprehensión que emitió una jueza en la Ciudad de México por los delitos que ya presentó aquí con mucha claridad la Contralora del Estado”, declaró en conferencia de prensa.
Ramírez Bedolla confirmó que Aureoles se encuentra prófugo.
“Sí tenemos información por parte de la FGR en el sentido de que anda huyendo. La FGR está haciendo ahora sí que la cumplimentación en varias partes del país, incluyendo Michoacán, otros estados de la República. No se puede brindar mayor información u especulación”, señaló.
Captura de pantalla
El gobernador también recordó que la denuncia en su contra se presentó en febrero y que la investigación ha estado en curso durante varios años.
En particular, destacó el caso de los cuarteles de seguridad construidos en la administración de Aureoles.
“Es un caso que en lo personal a mí me llamó la atención por el monto en económico, en dinero. Son miles de millones de pesos por unos cuarteles”, afirmó.
Según Ramírez Bedolla, una de las construcciones tuvo un costo significativamente superior a su valor real.
“Se pagaron algo así como 980 millones de pesos por un cuartel que hicimos avalúos del Instituto Nacional de Bienes Federales y Avalúos, el INDABIN, y no costaba, no tiene un valor superior a los 180 millones. Y se pagaron 980 millones, es decir, cinco veces su costo, no dos veces su costo, cinco veces su costo”, detalló.
Además, mencionó que la adjudicación directa de estas obras se basó en una supuesta patente de construcción que no existe.
“El argumento por el cual se hizo la adjudicación directa es falso“, enfatizó.
Agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también identificaron irregularidades en el manejo de recursos durante el último año de gobierno de Aureoles.
Contraloría detecta sobreprecio en siete cuarteles
La contralora del Estado de Michoacán, Azucena Marín, informó que exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas adquirieron siete cuarteles policiales a sobreprecio durante la administración anterior, encabezada por Silvano Aureoles Conejo.
“Por instrucciones del entonces gobernador, compraron a sobreprecio siete cuarteles de la policía. Esos cuarteles que se compraron a sobreprecio habían sido arrendados, modificados y se pagaba mantenimiento“, explicó en conferencia de prensa.
Marín detalló que la adjudicación directa de los cuarteles se realizó en 2016 y 2017 con la inmobiliaria DyF, con una erogación aproximada de entre 5 mil y 6 mil 468 millones de pesos.
Captura de pantalla
Además, señaló que “en ese momento no comprobó la propiedad de los predios donde se construyeron los cuarteles y los convenios modificatorios desmantelizaron sin evidencia de los servicios”.
Según la contralora, los pagos a la empresa se dispersaron el 28 de septiembre de 2021, dos días antes de que concluyera la administración.
“Justo en esas fechas se trataron de protocolizar las compraventas en una notaría en la Ciudad de México“, añadió.
El gobierno actual inició en 2021 una auditoría sobre estas adquisiciones.
“Nos dimos a la tarea de investigar todas esas adquisiciones, todos esos servicios, todo eso que en contraste con las instalaciones y en contraste con lo que se imponía que iban a tener los elementos que iban a habitar esos cuarteles, no se encontraban espacios lujosos y blindados de muchísima gama y la patente no era lo que se había adquirido”, explicó Marín.
Captura de pantalla
Derivado de estas investigaciones, el 16 de febrero de 2022 la Secretaría de la Contraloría presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En junio de 2023, diversas auditorías y reportes fueron acumulados en una misma carpeta, incluyendo un informe de la Auditoría Superior de la Federación que señaló un daño al erario por mil 052 millones de pesos.
En febrero de 2024, la FGR aseguró de manera precautoria los siete inmuebles donde se encuentran los cuarteles.
“Los cuarteles ahorita están asegurados, siguen asegurados y tienen esa medida precautoria”, afirmó la contralora.
En noviembre de ese mismo año, la Secretaría de la Contraloría logró la reparación del daño por 970 millones de pesos a favor del gobierno estatal.
Captura de pantalla
Finalmente, en febrero de 2025, la FGR judicializó la carpeta por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
“La juez federal dictó órdenes de aprehensión en contra de varios servidores públicos identificados como presuntos implicados”, confirmó Marín.
Entre los señalados se encuentran Carlos, exsecretario de Finanzas; Antonio, exsecretario de Seguridad Pública; Elizabeth, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública; y Mario, delegado administrativo en ese periodo.
Marín destacó que el trabajo de la Contraloría permitió conocer los hechos de corrupción en la administración anterior.
“La auditoría que iniciamos en noviembre del 2021 deriva en la presentación de una denuncia penal en 2022 y el trabajo continuo y permanente que hemos realizado a través de la Contraloría y en colaboración con varias dependencias de nuestra administración ha permitido conocer la corrupción que se venía desarrollando en la administración pasada”, concluyó.