Monterrey. – Tras la detención de Karina Barrón y la denuncia presentada en su contra, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, pidió prudencia y respeto al proceso penal en curso, mientras que el fiscal general del estado, Javier Flores, rechazó que exista un uso político de la institución, luego de los señalamientos realizados por el senador Waldo Fernández, quien acusó presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
Cuestionado sobre el caso y el respaldo de la administración municipal hacia Barrón, quien se desempeña como secretaria de Desarrollo Humano en Monterrey, el edil señaló: “En ese sentido hemos sido obviamente muy respetuosos de los procesos. Vamos a esperar obviamente la resolución. Es un tema que está en un proceso penal y que obviamente por obvias razones tenemos que ser prudentes y respetuosos del proceso”.
Al insistirle si la funcionaria cuenta con el apoyo del gobierno municipal, respondió: “Mire, otra vez para mejor explicarme, es un proceso penal que obviamente tenemos que respetar y el sábado creo que se cumple los procesos o los tiempos para una determinación. Gracias, muchas gracias”.
Por su parte, el fiscal Javier Flores se refirió a la denuncia interpuesta por el senador Waldo Fernández, quien ha señalado que fue objeto de acusaciones falsas y que la Fiscalía habría actuado de manera irregular. El titular del órgano autónomo explicó que existen dos carpetas vinculadas al caso.
“En la denuncia que él presenta dice que es sujeto a otras conductas que ya presentó en la federal y se queja de nosotros acá, digo, perdón, se queja de la persona que lo denunció por haber denunciado hechos falsos. Eso es la calumnia. Entonces, yo creo que las dos carpetas van de la mano, tanto la de la Federación como la nuestra, por lo cual se hace necesario el mandar traer las actuaciones que haya en la Federación”, detalló.
Al ser cuestionado sobre el estatus de las investigaciones, aclaró que la carpeta estatal por calumnia no está cerrada. Sin embargo, confirmó que la carpeta por el delito de violación fue concluida en septiembre de 2024.
“Esa está cerrada, se dictó en ejercicio en el mes de septiembre del 24”, indicó.
Sobre las razones de dicha determinación, precisó: “Hasta donde tengo conocimiento la principal causa por la cual se decretó es que la víctima o supuesta víctima no compareció a hacerse exámenes ni médicos ni psicólogos”.
Ante los señalamientos de que la Fiscalía habría sido utilizada con fines políticos, respondió: “Desde nuestra llegada hemos tratado de ser puntuales en el aspecto de no politizar las instituciones. Tratamos de realizarlo en forma objetiva y a fin de cuentas resolver. Insisto, en septiembre del 24 tengo entendido que cerró esa carpeta y siempre otro punto importante es el hecho de que todas las determinaciones nuestras son combatibles jurídicamente”.
Finalmente, sobre una posible revisión derivada de las declaraciones públicas del senador, el fiscal sostuvo que más allá de los dichos, lo relevante serán las actuaciones formales ante la autoridad federal.
“Lo que más que las declaraciones del senador, lo que creo que importa ahorita es las actuaciones que hay ante el Ministerio Público federal. Ya revisando las actuaciones ya podremos establecer una línea de trabajo”, concluyó.