Monterrey.- Nuevo León enfrenta un rezago estructural en materia de impartición de justicia al contar con apenas 2.5 jueces por cada 100 mil habitantes, cifra que lo coloca en el lugar 30 de 32 estados del país, muy por debajo de la media nacional establecida en 3.9 juzgadores por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Así lo advirtió la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, quien detalló que para alcanzar al menos el promedio nacional la entidad requeriría aproximadamente 89 jueces adicionales.
“La media nacional marca que deben de ser 3.9, de acuerdo al INEGI, jueces por cada 100 mil habitantes. Nuevo León tiene aproximadamente hoy 2.5. Esto nos hace estar en el lugar 30 de 32 estados”, expuso.
La magistrada subrayó que la aspiración institucional no sólo es salir de los últimos lugares, sino colocarse entre las entidades con mejores indicadores en materia judicial.
“La aspiración es estar en el top, al menos llegar a la media nacional. Esto implicaría 89 jueces más, aproximadamente”, puntualizó.
Actualmente, el sistema judicial estatal está conformado por 16 magistrados y 151 jueces en funciones. A esta carga institucional se suma el volumen de expedientes en proceso: durante enero de 2026, la página oficial del Poder Judicial de Nuevo León reportó un total de 105 mil 906 asuntos en trámite.
Córdova Rodríguez reconoció que el déficit no obedece a una sola causa, sino a factores presupuestales y a los rigurosos procesos de formación y selección que exige la carrera judicial.
“Indudablemente es un tema de presupuesto. Es un tema de preparación”, señaló. Explicó que el Poder Judicial cuenta con funcionarios de amplia trayectoria que han hecho carrera dentro de la institución, pero el proceso para convertirse en juez implica filtros estrictos, además de una evaluación exhaustiva.
Añadió que el examen para aspirar a este cargo representa uno de los principales retos. En cuanto a las percepciones dentro del sistema judicial, un juez menor percibe 128 mil 565 pesos brutos mensuales, mientras que un juez de primera instancia recibe 144 mil 106 pesos brutos al mes.
Por su parte, un magistrado tiene un salario bruto mensual de 211 mil 116 pesos. En un contexto donde la impartición de justicia puede implicar riesgos, la magistrada reconoció que existen escenarios complejos, aunque aseguró que se cuenta con protocolos de seguridad.
Detalló que el Poder Judicial mantiene comunicación directa y constante coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública para activar medidas especiales cuando así se requiere.
“Sí existen obviamente riesgos, como se imaginarán, pero contamos con mecanismos internos de coordinación para salvaguardar y proteger a cada uno de los funcionarios. Estamos en constante coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública por los casos en los que se llegue a requerir alguna protección especial”, explicó.
Para la presidenta del Poder Judicial, el crecimiento económico y la relevancia nacional de Nuevo León deben reflejarse también en su sistema de justicia.
En ese sentido, destacó que las solicitudes presupuestales presentadas ante el Congreso de Nuevo León han sido elaboradas con responsabilidad y con sustento técnico.
“Indudablemente buscamos que a través de las peticiones al Congreso para los presupuestos se tomen en cuenta todas estas a nivel nacional”, señaló, al tiempo que recordó que cuando acudieron al Congreso fueron escuchados y que el proyecto financiero fue planteado de manera responsable.
Pese al déficit de jueces y la falta de espacios físicos suficientes, el Poder Judicial ha recurrido a la digitalización como herramienta para mantener la operación.
“Contamos con un tribunal virtual que nos permite celebrar más de 104 mil audiencias al año y esto no lo pudiéramos hacer porque no tenemos los espacios físicos suficientes, pero la virtualidad nos permite tener este tipo de acciones que eficientizan y agilizan la justicia”, destacó.
Además, la estrategia contempla la creación de módulos judiciales descentralizados para ampliar la cobertura territorial, mediante la creación de módulos judiciales.
La magistrada consideró que estas medidas permitirían aliviar la carga actual mientras se avanza en la ampliación de la plantilla judicial.
“Eso nos ayudaría muchísimo para que los jueces actuales, que, aunque tenemos un déficit, aceleren sus procesos, sus procedimientos, sus manuales de atención, sus protocolos de atención y podamos tener los ciudadanos y las ciudadanas de Nuevo León resoluciones rápidas, ágiles”, sentenció la magistrada.