Monterrey.- Organizaciones civiles y la madre de Ángela Elizondo denunciaron omisiones graves en la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) sobre el feminicidio de la adolescente ocurrido en 2020, dentro de un centro de rehabilitación en Santa Catarina, por lo que presentaron una impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La joven, de 15 años, quien padecía diabetes tipo 1 desde los seis, fue internada en febrero de 2020 en el anexo llamado “Jesús Salva”, donde permaneció 11 días antes de morir.
De acuerdo con su madre, Alejandra Elizondo, la joven murió debido a que le negaron la insulina que necesitaba para sobrevivir, pero también fue víctima de feminicidio, abuso sexual y tortura.
“Ángela fue víctima de feminicidio, de tortura y abuso sexual. Ha sido un camino muy largo. Ya hay sentencia contra los responsables, pero seguimos peleando para que se garantice que esto no vuelva a pasar”, expresó.
Tras esto, la madre denunció que la recomendación 03/2026, emitida por la CEDHNL hacia la Secretaría de Salud de Nuevo León, es incompleta y no refleja el trabajo de investigación realizado durante cinco años. Según explicó, el proceso cambió cuando, en septiembre de 2025, fue sustituido el visitador que llevaba el caso.
“Después de cinco años de trabajo con la Comisión, cambian al visitador y, cuando acudo con la nueva responsable, ni siquiera conocía el expediente. Me pidió que le volviera a contar todo desde el inicio. Fue una revictimización”, dijo.
La defensora de derechos humanos Day Arellano, acompañante legal de la familia, explicó que la impugnación se presentó el 25 de febrero ante la CNDH.
Entre los principales agravios, señaló que la comisión estatal omitió calificar los hechos como tortura, a pesar de describir actos como violencia sexual, desnudez forzada, privación de libertad y negación de atención médica.
“La recomendación reconoce violaciones al derecho a la salud, a la vida y a la integridad, pero evita nombrar lo que ocurrió como tortura, lo cual es fundamental para que el Estado investigue adecuadamente y garantice reparaciones”, indicó.
También criticó que la recomendación carece de una reparación integral para la familia, pues solo contempla atención psicológica y algunas medidas limitadas de prevención.
Por su parte, Denise Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), afirmó que la recomendación minimiza los hechos.
“No fueron simples abusos ni irregularidades. Fue tortura. Nombrar correctamente lo que ocurrió es fundamental para que el Estado investigue y sancione adecuadamente”, dijo.
La familia y las organizaciones solicitaron a la CNDH modificar la recomendación para que se reconozca la tortura, se establezcan reparaciones integrales, incluyendo disculpa pública y compensación económica, y se implemente un censo y supervisión real de los anexos, incluidos los clandestinos.
El coordinador general de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Pablo Adame Quiroga, afirmó que el caso refleja la falta de control y supervisión de los llamados “anexos”, espacios donde se brinda tratamiento para adicciones.
“Hoy estamos aquí para hablar sobre el caso de Ángela, una adolescente que murió víctima de feminicidio, tortura y otros tratos inhumanos en un centro de rehabilitación”, expresó.